La Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora nacional, en 2006.

Por unanimidad, la Corte confirmó un fallo de cámara de 2016 que declaró que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y exhortó al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Por el momento, el Consejo volverá a su vieja composición de 20 miembros (hoy tiene 13), con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como su titular.

Firmaron el fallo los cuatro jueces de la Corte: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti (los cuatro en la foto), que hizo un disidencia parcial, pero coincidió con sus colegas en que la ley 26.080, de 2006, es inconstitucional.

El Consejo de la Magistratura es un organismo clave para la Justicia, porque es el que selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial.

De acuerdo con el fallo de la Corte, la ley 26.080 no respeta el equilibrio entre la política, los jueces y los abogados que, según la Constitución, tiene que garantizar la composición del Consejo. Equilibrio no es igualdad, advierte el máximo tribunal, sino que implica la imposibilidad de que alguno de los estamentos “pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar el Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos”. Con siete miembros (seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo), los representantes de la política tendrían esa posibilidad. Cuentan -advierte el fallo- con “quorum propio y la mayoría absoluta del cuerpo”, lo que les permite “adoptar por sí una gran cantidad de decisiones de relevancia significativa”.

Todo esto conspira contra la idea de “despolitizar” los procesos de selección y remoción de jueces, objetivo declarado de la reforma constitucional de 1994, que creó el Consejo de la Magistratura.

En la práctica hoy no sucede, sin embargo, que los representantes de la política voten todos juntos, en contra de los jueces, los abogados y el académico. La división es entre oficialismo y oposición. Pero para la Corte este argumento es “inadmisible” como defensa de la reforma de 2006. “Parte de una noción equivocada del equilibrio demandado por la Constitución”.

En cuanto a los pasos concretos a seguir, la Corte, por mayoría, sostuvo en su fallo que para volver a la vieja integración, el Consejo tiene “120 días corridos”. Mientras tanto, seguirá funcionando como hasta ahora.

Y agregó: “Transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”. 

(JML)