Se cumplió ayer un año de la muerte de José María Candia, alias “Kevin”, de 22 años, que fue asesinado en la Unidad Penal 1. El joven recibió un disparo en medio de una reyerta. Familiares, amigos, allegados y organizaciones de derechos humanos marcharon ayer hasta la cárcel para exigir Justicia. Además clavaron una cruz para no olvidar al joven.
Aquel 21 de abril, se generó una revuelta de internos preocupados por un foco de contagio de covid-19, que, según afirmaban, había ingresado a la unidad por la custodia penitenciaria.
Comenzó la ronda de testimonios para avanzar con el esclarecimiento del asesinato de Kevin, en la Unidad Penal 1, por personal de las fuerzas de seguridad el pasado 21 de abril. Hecho que ocurrió hace siete meses.
José Raúl Cantero, exdirector de la cárcel, fue el único sumariado luego del episodio del 21 de abril, que habría estado ausente de la primera ronda de citatorias.
Según las fuentes consultadas, la Justicia pretende avanzar con la identificación de los penitenciarios y policías que participaron del operativo y determinar la autoría de los disparos con bala de plomo que acabaron con la vida de Candia.
Candia, de 22 años, quien estaba alojado en la Unidad Penal Nº 1, cumplía una condena de 6 años de prisión por una causa de robo agravado. De esa pena, estaba cumpliendo el primer año.
Además de la muerte de Kevin, nueve internos resultaron heridos, al igual que seis agentes del Servicio Penitenciario y un efectivo policial. En el marco de la investigación se pudieron determinar las circunstancias y el lugar en que recibió los disparos, pero aún no se conoce al tirador.
En tanto que se confeccionó una nómina de los agentes penitenciarios y efectivos policiales que portaban escopetas y abrieron fuego en el enfrentamiento con los internos en la cárcel aquel 21 de abril, en plena primera etapa de la cuarentena por coronavirus.
Érika Moura, la madre del joven asesinado, remarcó que “no fue un motín, fue una represión del servicio penitenciario, no me voy a cansar de repetir”.
Además, señaló que “estamos mal porque sabemos que mi hijo estaba pagando por lo que hizo (...) a él lo mataron por pobre, un rico nunca va a morir así”.
Afirmó, además, que “estamos pidiendo justicia como hace tres meses, por la muerte de mi hijo. No fue un motín, no fue generado entre internos, el conflicto fue generado por el servicio penitenciario, hubo una represión desmedida”.
“En ningún momento hablé con nadie del Estado ni del servicio penitenciario, no nos dieron explicaciones”, se quejó.
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