La Justicia y el vice

Amado Boudou fue invitado por los organizadores de un seminario sobre guerra mediática y jurídica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a exponer su caso como víctima del lawfare. La invitación contemplaba que la condena firme de la Justicia contra Boudou es consecuencia de aquella falacia bélica sin plantear mínimamente un análisis serio sobre los hechos de corrupción que durante el proceso judicial quedaron acreditados. 

El relato oculto detrás de una ornamentación académica sostiene que, más allá de los hechos que son de dominio público, Boudou fue sacrificado en el altar de la militancia nacional y popular por el supuesto poder real que maneja los hilos de la Justicia y del periodismo.

El cuestionamiento al Poder Judicial y a los medios de comunicación social que el seminario alentaba nada tiene de ingenuo. Sin esos dos mecanismos de control y, en el reino del silencio, la corrupción y el autoritarismo pueden desplegarse sin límites. Sin embargo, resulta emblemático que utilicen a Boudou como víctima de una conspiración de los poderosos contra los débiles. ¿Fueron los ideales de Boudou los que lo vincularon con la compra de la empresa Ciccone Calcográfica? ¿Hubo una conspiración en su contra digitada por un poder que maneja desde las sombras al Poder Judicial y a los medios de comunicación?

A casi diez años de la revelación de las maniobras delictivas, esas hipótesis fueron descartadas por las decisiones judiciales luego de determinar los hechos, valorar las pruebas y escuchar todos los argumentos defensivos de Boudou. Concluyeron que era culpable. 

Las sentencias son públicas y pueden consultarse en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces que las dictaron fueron nombrados en su mayoría mientras el kirchnerismo controlaba el Consejo de la Magistratura y el Senado.

Contra Boudou pesa una condena firme en la causa Ciccone, con una pena de cinco años y diez meses de prisión y de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública. Al respecto, sobresale el atronador silencio de los organizadores y de Boudou.

Es preciso recordar que las noticias sobre las maniobras para la adquisición de Ciccone fueron informadas por Jorge Asís, en su medio digital, el 8 de julio de 2011. 

En abril de 2012, los hechos informados meses antes comenzaron a salir a la luz. Ante la dimensión del escándalo, la entonces presidenta, el 8 de agosto del 2012, envió al Senado un proyecto de ley de expropiación de la empresa Ciccone. En veinte días, el kirchnerismo impuso su mayoría en ambas cámaras y la ley fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Boudou y de Rossi. En ninguno de los debates legislativos había sido posible aclarar quiénes eran los accionistas de la empresa expropiada.

Dos años más tarde, el 27 de junio de 2014, el juez federal Ariel Lijo procesó a Boudou por el caso Ciccone, en una resolución de 331 páginas en la que describe la prueba obtenida sobre los hechos delictivos. En febrero de 2015, los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler confirmaron el procesamiento en un fallo de 81 páginas. 

Es curioso que nada se diga sobre esa decisión firmada por dos jueces cercanos al poder de aquel entonces y de hoy, que encontraron hechos, pruebas y argumentos para confirmar el procesamiento.

El 3 de agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi (quien pagó cara la “osadía” y en el seminario fue fustigado por Boudou) y María Gabriela López Iñíguez, condenó al exministro de Economía luego de un largo proceso oral en el que se examinaron todas las pruebas y las defensas.

Era esperable que el exvicepresidente omitiera toda referencia a los hechos por los cuales fue condenado. Lo vergonzoso es que desde la UBA se propicie que un condenado por corrupción en un caso de inusitada relevancia pública cuestione a la Justicia y a la prensa, ignorando el rechazo de 54.000 estudiantes, graduados, profesores y exprofesores de la UBA.