La Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (DiSEPA), informó al Juzgado de Paz de una localidad correntina, la situación de precariedad y vulnerabilidad de un adolescente que no permitieron inscribir en una escuela de la zona, informaron este miércoles fuetes oficiales.
El adolescente no asistía al establecimiento escolar por no haber sido inscripto por su madre, pero se comprobó que para ingresar debían hacer estudios médicos que la familia no podía costear.
Sergio Shwoihort, titular del Juzgado de Paz de la localidad de de Mburucuyá, intervino y comprobó la situación denunciada por el ente, y destacó que el padre del joven había tenido un problema de salud que implicó su traslado a la Capital, y lo hizo acompañado de su esposa.
El joven que vive junto a sus padres y sus hermanos en una precaria vivienda, quedó a cargo del mayor de ellos de 19 años, con la supervisión de un tío, mientras que las niñas del hogar quedaron al cuidado de sus tías. En ese contexto, señalaron que el adolescente en cuestión no concurría al establecimiento escolar porque debían realizarle controles médicos previos para aceptarlo.
El caso tomó varios días ya que, la familia había contraído coronavirus, por lo que el contacto se dilató pero una vez pasado el tiempo y el magistrado pudo apreciar que “le gustaba ir a la escuela, dibujaba en su casa, le gustaba el fútbol y, se mostró sumamente conversador y apegado a su madre”.
En la última visita a la familia, cuando ya la madre había regresado a la casa, expresó que el director de la escuela había dicho que su hijo debía ir a una escuela especial. Agregó que el adolescente estaba con tratamiento médico psiquiátrico y medicado, pero que en este momento no disponía de dinero para comprarle los remedios.
A su vez, desde la escuela informaron que el adolescente “demostraba un comportamiento agresivo, intolerante, inquieto, (…)”. Sin embargo, presentaba un “un buen rendimiento cognitivo”. Pero indicaron que “no fue inscripto por la madre en el presente ciclo lectivo ya que la misma debía cumplimentar diversos estudios neurológicos solicitados por el DISEPA y la Escuela Especial que funciona en la cabecera departamental para su inscripción en esa institución especial, sugerido por la supervisora escolar”.
El juez Shwoihort consideró que las medidas a tomar debían restablecer los derechos vulnerados al adolescente, especialmente lo relacionado con su derecho al acceso a la educación, en el establecimiento al que concurría y que es el más cercano a su domicilio, donde también asisten sus hermanos y hermanas.
Además de requerir la asistencia a los organismos pertinentes del estado para el fortalecimiento de su familia, que lo contiene, y mejoras socio ambientales en el lugar donde habita.
El magistrado comunicó que la escuela debe reinscribir al alumno y brindar un acompañamiento académico haciendo valer las condiciones particulares de la salud del niño “no pueden constituirse en un obstáculo insalvable para su escolarización, sino que, por el contrario, deben adoptarse todas las medidas de acción positiva necesarias para garantizarla”, declaró.
El magistrado requirió al hospital local que realice evaluación y diagnóstico al adolescente, para comprobar su estado de salud mental, y facilite todo lo necesario para garantizar su atención eventual en centros de mayor complejidad, además de brinde acceso a la medicación.
Entre las restantes medidas tomadas solicitó al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (COPNAF), atención y contención y mantenga informado al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz de Santa Rosa. Y pidió una asistente social para que ayude a mantener la escolaridad del adolescente.
Las medidas ordenadas tienen carácter provisional, hasta tanto la Jueza competente se expida sobre las mismas.
