El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional para 2023. Sin embargo, con una inflación cuyos pronósticos fueron altamente superados, no hay proyección verdaderamente sustentable, ya que la moneda utilizada ha perdido el atributo de ser unidad de cuenta.
La iniciativa oficial no concilia la precisión necesaria de autorizaciones de gasto con la aleatoriedad del valor futuro de nuestro peso. No es la primera vez que ocurre. Nuestra larga historia inflacionaria ha invalidado presupuestos que la ley y la costumbre han establecido que se elaboren en valores nominales de nuestra moneda. La consecuencia es que se suceden las modificaciones necesarias para actualizar gastos que exceden las cifras autorizadas en el presupuesto. Es usual que los gobiernos muestren hipótesis optimistas de reducción de la inflación que jamás terminan cumpliéndose. Esto relativiza y dificulta la tarea de auditoría y control. Superar el gasto autorizado –algo que en teoría debe ser penalizado– es en la Argentina un hecho esperable.
El proyecto de presupuesto para el año próximo asume que 2022 terminará con una inflación minorista acumulada del 95%. Las proyecciones de gastos y recursos se calcularon con una inflación de 60% en promedio para 2023, pero el consenso de los analistas supera estas hipótesis. Dicho esto, es de todas maneras útil interpretar qué medidas y políticas reflejan las cifras del presupuesto y compararlas, corregidas por inflación, con los valores históricos. Una primera observación es que no se postula una reducción del gasto público. En términos reales se proyecta un aumento del gasto primario del 2,3%; o sea que el incremento nominal supera la inflación prevista. Consecuente con esto, los ingresos tributarios se proyectan también con un crecimiento real del 2,3%.
De este modo, habrá más ahogo para la producción y el supuesto ajuste de Sergio Massa queda desmentido.
Con estas hipótesis, se proyecta un resultado primario negativo equivalente al 2,5% del PBI. Se repetiría, sin reducirla, la meta acordada con el FMI para 2022. El déficit financiero, incluyendo intereses, se proyecta en un 4,3% del PBI. Esta cifra no considera los intereses que paga el Banco Central; esto es, el gasto cuasi fiscal.
Eventualmente, podría decirse que se elaboró este presupuesto adoptando ex profeso hipótesis de inflación convenientemente bajas para que luego las cifras nominales proyectadas impliquen reducciones y no aumentos en términos reales. En ese caso, estaríamos frente a discípulos eficientes de Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, si esa hubiera sido la estrategia, tendrían que asomar por distintos lados del presupuesto diversas medidas que expongan procesos de racionalización. Y eso no ocurre. No hay cambios en la profusa estructura del Gobierno. No hay partidas para reconversión de unidades administrativas y el rubro de remuneraciones crecerá aún más que el gasto primario total.
Tampoco se explicitan supresiones de planes sociales a los que, por el contrario, se menciona con énfasis para demostrar la preocupación social del Gobierno. Se destacan las transferencias por las denominadas políticas alimentarias y las acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local, que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Sigue demandando una cifra considerable la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que absorberá el 85% del total de los subsidios económicos. En esta lista se incluyen, entre otras, la empresa estatal Energía Argentina SA, el Pami, Operador Ferroviario SE, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo y las empresas Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos y Correo Argentino.
En definitiva, estamos ante un presupuesto que no considera una reducción y ni siquiera un mínimo ordenamiento del gasto público. La subestimación de la inflación parecería ser una expresión de deseos y no una forma encubierta de proyectar cifras ajustadas para lograr luego una reducción del gasto.
El mensaje que acompaña el proyecto de ley describe un país radiante, que omite o relativiza los espacios más sombríos de la situación económica.
Es hora de sincerar desde las bases. Ahora la tarea es del Congreso.
