La diferencia entre aplaudir y denunciar

Hace muy poco tiempo el dirigente social Juan Grabois se encargó de demostrar que de impredecible tiene poco. Justificó no haber roto con el Frente de Todos, al que venía criticando con dureza por su falta de sensibilidad frente a personas con necesidades extremas, al decir que se cumplieron las promesas que le había hecho la vicepresidenta, con la publicación del decreto por el que se crea el Programa de Incremento Exportador.

“No hay ninguna contradicción en defender en la calle a Cristina Kirchner y luchar en la calle por los más humildes”, dijo el activista social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) al adelantar que seguirá reclamando un salario básico universal y reafirmar que su relación con la vicepresidenta corre por cuerda separada de las críticas que le hace al Gobierno, como si ella no formara parte de la actual administración nacional y no tuviera responsabilidad alguna en el oprobioso incremento del número de indigentes según los últimos datos oficiales.

El MTE, por su parte, es proveedor del gobierno de la ciudad a través de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Tiene adjudicado el 60 % del reciclado de residuos secos de la Capital Federal, tarea por la que recibe 90 millones de pesos mensuales en concepto de haberes para 3838 recicladores ambientales. En la ciudad, reconocen el “valor social” de emplear a esa cooperativa, entre otras de mucho menor perfil.

La proyección política que actividades de ese tipo le otorgan a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), que también comanda Grabois, se traduce en la obtención de varias bancas legislativas y hasta puestos en el gobierno nacional. El Frente Patria Grande, brazo político del MTE, cuenta hoy con tres diputados nacionales por el Frente de Todos (Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli), una legisladora porteña (Ofelia Fernández) y una diputada en la provincia de Buenos Aires (Lucía Klug), además de concejales en varios distritos.

Sobre Ofelia Fernández sobrevuelan sospechas de que detrás de su apoyo a las tomas de colegios porteños esté su proyecto de ley para modificar el servicio de viandas que ofrece la ciudad a los estudiantes del distrito. Ergo un negocio.  La iniciativa se basa en aspectos nutricionales que no están en discusión, como sumar frutas y verduras de origen agroecológico para hacer esas ingestas más saludables y nutritivas. Sin embargo, uno de los artículos desnuda lo que podría convertirse en un gran negociado, ya que propone que las viandas sean provistas por organizaciones sociales y cooperativas, un área que —como se dijo—domina el sector de Grabois. Se trata del manejo de un presupuesto de alrededor de 50.000 millones de pesos que hoy el gobierno de la ciudad distribuye entre 19 empresas prestadoras que elaboran y distribuyen viandas. Los contratos son por tres años y la última licitación fue de agosto último.

Está demostrado que a Grabois le gusta solo tensar la cuerda. También, que procura ganar visibilidad a cualquier precio, aunque tenga que incurrir en un delito como la toma de un campo de la familia Etchevehere hace dos años, con “revolucionarios” que intentaron hacer creer que sembraban una huerta de perejil comprando plantines que se secaron a poco de ser trasplantados. Tampoco le crea ningún tipo de conflicto negociar prebendas, incluso con aquellos a los que ataca públicamente.

“No se tiene dimensión de la crisis que hay porque no hay saqueos. Y no hay saqueos porque estamos nosotros. La gente se está cagando de hambre”, decía Grabois cuando habían pasado apenas meses de la asunción de Alberto Fernández. Considerar que una crisis como la que atravesamos solo puede asociarse a saqueos es, cuando menos, peligroso.

Que los que están se dediquen también a usurpar propiedades privadas tanto como a reclamar dineros públicos para beneficios sectoriales exclusivos, lejos de agradecerse, debe ser denunciado y no aplaudido.