Cuando a comienzos de año el mundo superaba en forma gradual el impacto de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania producida en febrero sumó consecuencias negativas al ya complicado escenario internacional. Con alegatos de derechos históricos sobre una parte de su territorio tras la vulneración de la soberanía ucraniana, la comunidad internacional reaccionó en defensa de los invadidos, con la excepción de China y de países gobernados por simpatizantes de un Vladimir Putin con reminiscencias soviéticas. La posición del gobierno argentino fue vergonzosamente ambivalente. El presidente Alberto Fernández había visitado a Putin ofreciéndole la Argentina como puerta de entrada a la región días antes de desatarse el conflicto.
Las medidas de Europa y los Estados Unidos de retaliación a Rusia y de ayuda militar a Ucrania tuvieron su respuesta en la fuerte limitación de las exportaciones rusas de gas a Europa. Se generó así una crisis energética que repercutió en todo el mundo. Los mercados de alimentos también resultaron afectados al trabarse las exportaciones de granos desde Ucrania. La Argentina, que pudo ser beneficiaria de esa situación, no lo fue. Como consecuencia de políticas y decisiones erradas, nuestro país ya había pasado de ser exportador a ser importador de energía. Los precios internacionales del petróleo y el gas subieron notablemente. El impacto marcadamente negativo en el área energética no alcanzó a ser compensado por el efecto de mejores precios agrícolas, afectados también por una fuerte sequía que redujo los volúmenes exportables, y profundizó la ya muy compleja situación económica. Aunque tarde, se hizo necesario acelerar la construcción del gasoducto que permitirá incrementar y exportar el gas de Vaca Muerta.
Similar retraso afectó la satisfacción de las necesidades de infraestructura en las más diversas áreas de servicios (...) No las puede hacer un gobierno en situación de quiebra ni tampoco un sector privado sin financiamiento por falta de confianza. No puede haber compromiso de capitales significativos con un índice de riesgo país que se mantiene por encima de los 2200 puntos básicos desde julio de 2022.
Tres ministros ocuparon la cartera de Economía durante este año: Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa. El primero inició su gestión junto al presidente Fernández y dedicó la mayor parte de su tiempo a negociar la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Como fiel discípulo de Joseph Stiglitz, aplicó una política heterodoxa con control de cambios y de precios. Hacia el fin de su gestión, la inflación había trepado del 4% al 6% mensual y tampoco lograba cumplir con la meta fiscal de un déficit primario de 2,5 % del PBI acordada con el FMI. Guzmán renunció cuando Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, le había extendido públicamente el certificado de defunción. Fue reemplazado por Batakis, que, con insuficientes antecedentes para el cargo, solo sobrevivió en él tres semanas. Los mercados evaluaron negativamente el nuevo cambio de ministro. La cotización del dólar informal pasó de 230 a 330 pesos, y el riesgo país, de 1900 a 2900 puntos básicos. La crisis detonada en el seno del Gobierno fue apaciguada con el reemplazo de Batakis por Massa.
Se logró una distensión no porque se modificara la política económica, sino por la relevancia política de Massa dentro del Gobierno. Su objetivo es llegar a octubre, y si es posible a diciembre de 2023, sin que se desmadren aún más las variables económicas. Intenta cumplir las metas fiscales retrasando los salarios estatales y las jubilaciones, pero manteniendo una altísima presión impositiva. Este año, no solo se siguieron sumando empresas multinacionales que optaron por irse de la Argentina, sino que también se intensificó el éxodo de empresarios argentinos a Uruguay y a otros países buscando un tratamiento fiscal más benigno para sus patrimonios.
El propósito de reducir los subsidios a la energía y al transporte no se ha logrado porque solo se pudieron ajustar las tarifas a un segmento de usuarios mientras la inflación se comió los escasos ajustes nominales del resto. El temor de no poder reducir la inflación ha condicionado la recuperación de las tarifas y de otros precios controlados y retrasados. La reducción del índice de precios minoristas de noviembre reflejó esa situación y puede interpretarse como un logro precario y no como una tendencia. El año inicia con pronóstico reservado.
