No se puede hacer un uso político de la administración de ayuda a provincias de signo político diferente. En Corrientes ha ocurrido un desastre cuya magnitud podría haberse atemperado. Es cierto que la problemática ambiental es compleja y su abordaje requiere de conocimiento y trayectoria. Es por eso que la cartera ambiental debería ser confiada a personas idóneas y con experiencia, nunca como prenda de loteos o inexplicables favores políticos.
En su reciente participación ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el ministro Juan Cabandié responsabilizó a los productores rurales por los incendios y reivindicó su gestión. Su misión parece estar abocada mucho más a encontrar culpables que a tratar de colaborar en la pronta solución de un problema para la cartera a su cargo.
Una conjunción de factores como la falta de precipitaciones, las altas temperaturas, la bajante histórica del Paraná, una sequía que cumplió tres años, la convivencia con actividades productivas y culturales que utilizan el fuego, una gran masa de pastizales sin humedad alguna, la falta de planificación y la lenta y tardía reacción de las autoridades produjeron en la provincia de Corrientes un incendio que supera las 930.000 hectáreas; es decir, prácticamente, alrededor del 11 % del territorio provincial. Una catástrofe ambiental, económica y social de daños irreparables.
En un contexto de previsibilidad, con advertencias realizadas hace más de un año y un monitoreo permanente, los gobiernos provincial y nacional no se anticiparon con un plan de contingencia. Como ocurrió con los incendios en Río Negro, entre las autoridades nacional y provincial, de distintos signos políticos, se culparon recíprocamente.
Un reciente estudio, divulgado hace una semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y Grid-Arendal, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Noruega, afirma que el calentamiento global, las sequías y los cambios de uso de la tierra generarán incendios aun en regiones nunca afectadas por esos siniestros.
La publicación califica al fenómeno como una crisis mundial de incendios forestales y proyecta que esos desastres aumentarán un 30 % para 2050 y más de un 50 % para fin de siglo. Es muy posible que acontecimientos climáticos extremos como el actual sean cada vez más frecuentes en nuestro país. Para abordarlos se requerirá más que nunca competencia y responsabilidad, aplicando un criterio preventivo y colaborativo.
La demora en la reacción se traduce en daños muchas veces irreversibles para los valiosos ecosistemas de nuestro país, su gente y, consecuentemente, su economía.
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