La jueza María Servini denunció por obstrucción de justicia a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) porque no logró colaboración para investigar un caso en el que se sospechaba que se comercializaba droga en el Pabellón Universitario del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, más conocido como la cárcel de Devoto.
Ante la recepción de una denuncia, Servini, en septiembre de 2021, le pidió al Servicio Penitenciario Federal -que depende de Justicia- que hiciera tareas de investigación dentro del Pabellón Universitario. En diciembre del año pasado, el Servicio Penitenciario Federal le informó a la jueza que la investigación no había podido realizarse porque carecían de facultades para hacerla.
En diciembre, Servini le pidió mediante oficio a la María Laura Garrigós de Rébori, directora del Servicio Penitenciario Federal, que se realizaran las tareas investigativas luego de explicarle cuál había sido la respuesta de sus subordinados.
Dos meses después, en febrero de 2022, la dirección del Servicio Penitenciario Federal le contestó a la jueza que no contaban con un organismo que pudiera hacer las tareas encomendadas.
Es que el departamento de Inteligencia del Servicio se disolvió en junio de 2020.
(JML)
