Error y acusaciones infundadas

Hasta ahora el presidente Alberto Fernández era criticado por la ineptitud con la cual ha ejercido el cargo. No menor es la responsabilidad que le cabe a la vicepresidenta.

El Presidente cayó en el vicio de pensar que la política exige una estrategia de confrontación. Se precipitó así a un último acto de inaudita gravedad, mintiendo flagrantemente: acusar a los productores agropecuarios de guardar en silobolsas unos 20.000 millones de dólares a costa del resto de la población.

Si lo creyera de verdad, no podría ser presidente de los argentinos. Ahí está, ha de saberlo, el producto gestado por el trabajo y las inversiones en la campaña anterior para hacer gradualmente frente a los gastos de la campaña que corre, y a la siguiente, que comenzará en 2023. ¿Qué poder de compra tendrían mañana si tradujeran por completo su cosecha de un día para otro en devaluados pesos argentinos? Si el primer mandatario no lo supiera, ¿en qué extraviados actos perdió el tiempo en sus años de jefe de Gabinete, en los de opositor acérrimo de Cristina Kirchner después y en estos dos últimos años en la Casa Rosada?

Lo único cierto es que el Presidente ha animado con sus palabras a jefes de organizaciones piqueteras a comunicar que irán en tren de pérfido escrache al emblemático predio de la Rural, en Palermo, el próximo sábado, justo cuando se realice la inauguración de la muestra anual.

Un solo incidente, por mínimo que fuere, causado por esa provocación será interpretado, al menos en los orígenes, como otra imprudente obra del Presidente y de quien se ha obstinado en destruirle las modestas bases de sustentación propia y de confianza en sí mismo: la vicepresidenta. Porque la violencia natural en el lenguaje político de quien presidió dos malhadados gobiernos habría terminado por impregnar, a ojos de todos, a quien, entre dudas y disgustos, eligió como testaferro político por cuatro años.

Tan absurdo es el cuadro de situación, tan impropio del funcionamiento normal de un régimen democrático es lo que ocurre, que hay funcionarios públicos de alta jerarquía en el gobierno nacional, asociados a movimientos piqueteros, que se proponen ir en protesta este sábado a Palermo. Son los que han instaurado la cultura de pedirlo todo del Estado —y, por extensión, de quienes trabajan y contribuyen con sus esfuerzos y recursos personales al fisco— sin ofrecer, en rigor, nada a cambio. Son los que procuran vivir en una eterna noche indulgente de Reyes Magos. Son los que piden un salario universal imposible de solventar sin más emisión monetaria —incluso a juicio de personajes radicalizados de este mismo gobierno— por un Estado quebrado, al que por sus incumplimientos justificadamente se maltrata en el mundo financiero que le retacea apoyos.

Más sensata que las declaraciones del Presidente y que la amenaza de los virtuales escraches intimidatorios anunciados por caudillos piqueteros ha sido la posición del ala mayoritaria de la Confederación General del Trabajo (CGT). Ha desechado, como se sabe, la pretensión de Pablo Moyano, hijo del jefe de los camioneros, y de Sergio Palazzo, del gremio de los bancarios, de realizar actos de protesta ante las sedes de la Unión Industrial Argentina y de la Asociación Empresaria Argentina.

¿Ajustar cuentas contra los “marcadores de precios”? ¿No los atraganta la hipocresía de aparentar que ignoran que la madre de todos los males de que se victimizan se halla en la inflación? Cómo negar que un Estado al que ellos también azuzan para que gaste muchísimo más de lo que admite una mínima razonabilidad nos ha convertido en un país empobrecido por las políticas populistas.

Ningún acuerdo resultará útil a los intereses de la república si prescinde de la lección de que con más populismo el futuro argentino será todavía más sombrío que el de estas horas.