Los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, exinquilinos de Cristina Kirchner, aguardan la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un conjunto de recursos con los que buscan alivianar el frente judicial que cada uno afronta.
Gran parte de las críticas del Gobierno a los órganos judiciales se concentran en la Corte. Detrás de las acusaciones públicas, hay un foco de tensión con el máximo tribunal que preside Horacio Rosatti: la Corte tiene más de 80 recursos que presentaron exfuncionarios, dirigentes y empresarios kirchneristas —con Cristina a la cabeza—, para anular varias causas por corrupción. Están latentes a la espera de una definición. Ese extenso listado incluye planteos de Báez y López, con diversos vínculos comerciales con la vicepresidente en otros casos por presunta corrupción.
Los planteos que fueron elevados a la Corte responden a diversos aspectos de los expedientes de corrupción y tienen como finalidad que los casos caigan uno por uno.
Según un informe de Lucía Salinas en Clarín, entre los recursos presentados hay desde quejas por las medidas adoptadas sobre las compañías hasta medidas cautelares sobre sus respectivos patrimonios.
(JML)
