En tiempos en los que la transparencia resulta ser el unicornio azul de la política en la Argentina, se avecinan tiempos de elección nacional y la necesidad de fortalecer la democracia se hace urgente.
Si se trazaran paralelismos entre esos sustantivos invalorables de nuestra vida en los marcos de un contrato social, se alcanzará la conclusión de que uno no es posible sin el otro.
“El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder”, escribió el Premio Nobel de Literatura John Steinbeck, lo que describe acertadamente la pulsión de nuestra clase dirigencial, en donde el entramado de complicidades entre los diferentes sectores de poder a construido un sólido edificio de impunidad.
En un ligero repaso de estos últimos 40 años de democracia, la lentitud de las investigaciones en los casos de corrupción que involucran a políticos y funcionarios, es vergonzoso.
“En el Observatorio de Corrupción, dependiente de la Corte Suprema y que es un canal que provee información básica de las investigaciones judiciales más relevantes, en la actualidad figuran 366 causas en trámite y 1474 terminadas”, enumeró ayer el especialista en Derecho constitucional y Derechos Humanos Diego Armesto a través de un artículo aparecido en Infobae.
Y argumenta: “Esos números, tristes, penosos, demuestran que la “corrupción” no existió ni existe en la agenda pública del gobierno, tampoco en el debate público, y lamentablemente no es parte del debate electoral, a pesar que dicha problemática tiene rango constitucional cuando en la cláusula del Art. 36 dice: “...Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos...”.
Resulta fundamental encontrar respuestas a esta problemática, que no solo afecta a un gobierno, sino que desgasta las instituciones, degrada la legitimidad y las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, y afecta directamente al ciudadano de a pie. La “corrupción” expone su costado más cruel cuando deja al descubierto lo peor de la administración pública y sus funcionarios, golpeando a los sectores más vulnerables porque cada peso que se pierde en la madeja de la indecencia es un peso que se le resta a hospitales, obra pública, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.
Las respuestas ante este flagelo es muy simple y no tiene grandes misterios. Se necesita hacer fuertes los organismos de control y aplicar la Ley. Pero el cómplice del crimen de la corrupción también es generalmente nuestra propia indiferencia, por eso debe existir además un compromiso y la convicción de toda la sociedad en esa lucha, porque los valores esenciales del sistema democrático deben estar entrelazado inexorablemente a la transparencia y los controles ciudadanos en los actos públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “la corrupción tiene un gran impacto respecto del Estado de Derecho. En efecto, el fenómeno de corrupción tiene consecuencias negativas con relación a tres principios que deben ser destacados. Por una parte, afecta el principio de la primacía de la ley; en segundo lugar, daña el ideal de la búsqueda del bien común por parte de las autoridades como base de su legitimidad; y en tercer lugar, afecta la independencia de las autoridades” (“Corrupción y Derechos Humanos. Estándares Interamericanos”, 2019).
El escritor ecuatoriano Juan Montalvo escribió: “El que no cumple sus deberes es pueblo corrompido; el que no conoce sus derechos, es esclavo; y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes, es un pueblo bárbaro”. Por esas mismas razones, hacer de la transparencia una bandera e imponerla para desarmar esa madeja de complicidades debería convertirse en el desafío de nuestra sociedad y evitar así el debilitamiento de ese gran edificio llamado democracia.
