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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Juicio a la Corte con final patético

Para saber cuánto hace una nación por su seguridad jurídica habrá que ver cuánta independencia tiene su justicia.

El Poder Judicial de Argentina sufre desde hace meses un embate político con fines de colonización y dominio detrás, ya no de un deseo de impunidad, sino de venganza, como claramente se desprende de la actitud del kirchnerismo.

Si alguien suponía que el oficialismo kirchnerista había mostrado ya su peor rostro en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde viene hostigando a la Corte Suprema de Justicia, es evidente que calculó mal. Su última y bochornosa jugada ha sido reemplazar de un plumazo a varios de sus integrantes que, por alguna razón, no estaban dispuestos a suscribir un escandaloso dictamen acusatorio por seis suplentes que no mostraron empacho alguno en firmarlo, sin siquiera leerlo.

Estamos hablando de un proceso que lleva ya muchos meses de sustanciación, en el que por la comisión actuante desfiló una gran cantidad de testigos, y en el que a instancias del mismo cuerpo legislativo se incorporaron cuantiosas constancias de ciertos expedientes donde, sin fundamento, se sostiene que los jueces del más alto tribunal los resolvieron de una manera tan indigna como para justificar su remoción.

Tan solo un día antes de que se reunieran para dictaminar sobre esos cargos los diputados que escucharon a los testigos, examinaron las pruebas y ponderaron los descargos ofrecidos por dos de los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo tuvo la ocurrencia de hacer entrar a seis nuevos diputados a la Comisión, en reemplazo de otros tantos. Los recién llegados, con notorias simpatías con el kirchnerismo, sin conocer ni haber siquiera leído o ponderado nada –por la imposibilidad material de hacerlo– suscribieron el dictamen acusatorio, que fue impuesto por apenas 16 votos contra 15. De este modo, ese malhadado dictamen seguirá pendiendo sobre la cabeza del Poder Judicial de aquí en más, aun cuando se sabe –y el oficialismo que ha prohijado este engendro lo sabe mejor que nadie– que ni por asomo se logrará una mayoría de dos tercios de la Cámara baja para formular la acusación formal ante el Senado, según lo prescribe la Constitución. Incluso existen dudas de que el propio bloque peronista no se divida en el recinto del cuerpo a la hora de tratar un dictamen tan débil e insustancioso.

Buena parte de las acusaciones contra los jueces se deben al descontento del oficialismo por la forma en que se resolvieron ciertas causas, en general complejas, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. Pero sucede que, en nuestro esquema constitucional, las disputas entre las distintas ramas del gobierno o entre una provincia y otra, o aquellos casos donde las leyes del Congreso u otros actos del poder público son tachados de inconstitucionales, deben necesariamente hallar su punto final de discusión en la Corte Suprema. De allí que sea tan nefasto para la salud de ese mismo esquema republicano que el poder de turno busque remover a los jueces cuando sus fallos no coinciden con lo que los gobernantes esperan.

Esta Comisión de Juicio Político, tanto con sus miembros oficialistas anteriores como con los que acaban de debutar, supo siempre que no obtendría la mayoría necesaria para remover a jueces probos, simplemente por haber cumplido su labor y haber dictado sentencias conforme a derecho. Pero está claro que el propósito ha sido otro. Ha sido el de montar un circo político para desgastarlos y satisfacer los caprichos de ciertos funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, a los que, por fortuna, no les queda demasiado tiempo en el ejercicio de su cargo.

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