El Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, intimó a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que protagonizaron marchas durante los primeros días de mandato de Javier Milei a pagar $96 millones para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público”. El sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, es una de las entidades notificadas, con un pedido de pago “solidario” de $40 millones por la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales. A la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras agrupaciones, el ministerio le reclama $56 millones por una movilización que se desarrolló en el Obelisco, Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Capital Humano, el 22 de diciembre.
Quienes tendrán que hacerse cargo del pago –que según la notificación deberán afrontarlo solidariamente– son “las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”. La carta documento que recibió Camioneros enumera en la lista de deudores no solo a ocho gremios, sino también a agrupaciones de izquierda.
