El diputado nacional Miguel Pichetto ayer en su turno de cerrar el debate de la Ley Ómnibus como presidente de su bloque, utilizó una sustanciosa porción de tiempo para hablar de las privatizaciones que el Presidente, Javier Milei, propuso y logró media sanción.
Explicó, entre otras cosas que no será fácil: cada privatización necesitará de una ley especial, fijar jurisdicción argentina para aquellas que sean compradas por fondos extranjeros, que el Congreso, además, revise los llamados a licitación, entre otros aspectos.
La idea privatizadora es aterradora para grandes sectores de la población, por lo que representó en despidos, entre otras cosas sobre todo en la década del 90.
Sin embargo, la población tiene una tendencia a la privatización de los aspectos relevantes de su vida, como la salud con la adhesión a empresas de medicina prepaga. Con la seguridad, para cuidar las propiedades, e incluso con la educación, con la escolaridad de niños y niñas.
Y en la escala nacional, las empresas que pertenecen hoy al Estado han entrado desde hace tiempo en una discusión social enorme, sobre todo por su utilidad y eficiencia.
El economista Carlos Rodríguez ayer en una columna del portal Infobae hizo un aporte al debate, con un título que llama la atención: “La Argentina no debe tener empresas públicas, aunque ganen plata”.
E hizo excepciones en los casos de seguridad y defensa. Y dijo:
“En este sentido, antes de entrar a la discusión en particular de la Ley Bases, hay que dejar bien en claro cuál es el rol del Estado en el tema de Empresas Públicas. En primer lugar, quiero dejar establecido que “proveer” no significa “producir”. El Estado debe proveer al bienestar general a través de implementar los derechos y libertades que manda la Constitución. En ningún lado figura que el Estado debe o puede dedicarse a poner impuestos para invertirlos en la creación de empresas públicas para producir bienes o servicios y menos aún que esas empresas sean justificables si generan lucro económico.
Dejo claro que no siendo el deber del Estado el mantener Empresas Públicas para generar lucro, entonces el hecho de que la empresa genere lucro o pérdida económica no es un argumento al momento de decidir su privatización.
El Estado interviniendo en los mercados a través de “empresas públicas testigo” es una mecánica favorecida por gobiernos para colocar “amigos” en el manejo de las mismas. El gobierno tiene suficientes herramientas legales para intervenir en los mercados, la primera de las cuales es la apertura de la economía a la competencia internacional. Y si eso no alcanzara, puede usar impuestos, subsidios y la Ley antimonopolios. Puede haber casos muy particulares, como la energía nuclear, que, por su sensibilidad, escala, historia y convenios internacionales, pueden requerir participación pública/privada. Dejo fuera de mi análisis los casos de Educación y Salud ofrecidas directamente por instituciones públicas. Claramente en estos casos el tema va mucho más allá del lucro, ya que en muchos casos el Estado ofrece sus servicios de forma gratuita.
Mi intención al plantear esta cuestión es ayudar a la discusión del tema en la Ley Bases, porque Unión por la Patria no solo va a querer discutir 1 por 1 los más de 300 artículos de la ley, sino una por una las empresas a privatizar. El primer orador del oficialismo debería dejar sentada la posición que la privatización no debe ser discutida por el criterio de ganancia o pérdida, sino simplemente que el Estado no debe tener empresas públicas, salvo casos de seguridad internacional, como el tema de la energía atómica en base a convenios entre estados.
De lo contrario no encuentro argumento. La Constitución indica que la función del Estado es proveer, no producir bienes; no existe esa definición. Si hay distorsiones en los mercados, que las hay, el Estado puede controlarlas por impuestos y subsidios y eliminar distorsiones. Y el Estado tiene herramientas legales para corregirlas como la apertura de la economía. Afirmar que hay una sola empresa en un rubro no es argumento suficiente para mantenerla. Se importarán bienes de otro país. (...) Además -dijo- “el Estado está para otra cosa, no para ganar plata”.
