Jubilaciones de privilegio: persiste el abuso

Los cambios de color político en los gobiernos permiten acceder a cajones que por años permanecieron cerrados con siete llaves y, en muchos casos, el olor hediondo que de ellos se desprende repugna.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reveló por primera vez en cuatro años cuánto cobra de jubilación y pensión Cristina Kirchner. Durante más de dos años, la entonces directora ejecutiva kirchnerista de ese organismo Fernanda Raverta se había negado a brindar los valores de los dos beneficios de privilegio que se le acreditan todos los meses a la expresidenta, aduciendo que era información privada. ¿Cómo podría serlo si involucra a una exfuncionaria? La Agencia de Acceso a la Información Pública señala que una información reviste interés público cuando está relacionada con la transparencia de la gestión pública y que, aun cuando se refiere a personas que ya no ejercen cargos, su expectativa de privacidad sigue siendo acotada.

El cambio de criterio supo priorizar, como corresponde, no solo el paso por la función pública del personaje en la mira, sino también que estamos hablando de fondos públicos. La información que ante las requisitorias solo ahora se accede a revelar, hasta aquí parcialmente, ofende a una ciudadanía que bracea desesperadamente para no ahogarse en la profunda crisis que aquellos mismos que saborean las mieles provocaron.

En enero pasado, la Anses pagó a la exmandataria una pensión no contributiva de $8.107.506, además de la pensión de su fallecido esposo y expresidente por $6.441.330, a valores netos. Los montos no incluyen ni deducciones ni suplementos como antigüedad o compensaciones jerárquicas. En su momento, la conspicua habitante de El Calafate había logrado incluso que un juez le aprobara un “adicional por zona austral”, estimado en un 40% del haber real, que también podría estar percibiendo. En febrero, sobre un bruto de más de 14 millones de pesos, cobró un neto de $9.448.101, un monto que casi triplica al que recibe en mano la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien percibe $3.342.418.

Las dos pensiones graciables habían sido aprobadas en tiempo récord en 2015, cuando su cuñada Alicia Kirchner estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social, y suspendidas un año después por la sucesora de esta, la ministra Carolina Stanley, quien resolvió que debía optar por una de las dos, tal como fija la ley. Esta prohíbe expresamente acumular ambas prestaciones de privilegio en una sola persona: “La percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 (para presidente y vicepresidente de la Nación) es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”, señala la norma.

Fue entonces que la expresidenta llevó el caso a la Justicia y, en un amañado juicio previsional, logró que se le concedieran nuevamente los dos beneficios bajo el argumento de que se habían violado los derechos adquiridos. Con evidente parcialidad, concluyó el juez que la incompatibilidad para el doble cobro, claramente normada, solo alcanza a los beneficiarios en grado de titulares de aquellos y no a sus derechohabientes. La servil Raverta desistió convenientemente del recurso de apelación y privó al Estado de recurrir a instancias superiores.

En su afán republicano por evitar tamaño perjuicio al erario público, la activa y comprometida legisladora porteña Graciela Ocaña interpuso un recurso extraordinario federal y, a partir de que también fuera desestimado por el tribunal de alzada, recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Esta trascendente resolución se aguarda desde hace dos años, como explicó impecablemente el doctor Luis Herrero en una nota publicada en este medio hace unos días. Además, siendo por entonces diputada, Ocaña se presentó como querellante contra Raverta por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y por “malversación de caudales públicos”.

Mientras tanto, ajena a tanto procedimiento, durante 2023 Cristina Kirchner cobró un total de algo más de 93 millones de pesos. Si un haber jubilatorio ordinario tiene hoy un tope de $904.689, la desigualdad planteada es escandalosa. Ella sola cobra en bruto casi 142 haberes jubilatorios mínimos, equivalentes también al haber medio previsional neto del sistema general de la Anses multiplicado por cincuenta. Además, el alza interanual que para los jubilados de bajos ingresos rondó el 110%, en su caso la benefició con un 243% para lo cobrado de bolsillo. Como señalamos, solo pudo arribarse a dicha situación con la complicidad de la Anses luego de que la expresidenta, en un hecho inédito, litigara contra el Estado, en otra clara muestra de cómo deshonró el mandato ciudadano.

La ley establece que el monto a percibir por los expresidentes equivaldrá a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que a los vicepresidentes les corresponderá el 75% de dichos montos.

Entre los beneficiarios de estas asignaciones de privilegio, así llamadas porque quienes se benefician con ellas no cumplen con la edad requerida ni con los años de aportes exigidos habitualmente, Cristina Kirchner encabeza la lista. La integran también Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Julio Cobos, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón, Betty Nelly de Andrés (viuda del presidente de facto Roberto Levingston) e Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa). En la misma condición se encuentra la viuda de Carlos Menem, Zulema Yoma. La lista se completa con Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, gracias a las gestiones de Menem cuando falleció la viuda del exmandatario. Un renglón aparte merece el exvicepresidente Amado Boudou, quien, aun habiendo resultado condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, continúa cobrando su jugosa mensualidad gracias también a los tejemanejes judiciales en los que contó con la ayuda de Carlos Zannini y Raverta, otra situación que debería revisarse.

Con sus privilegiados haberes asegurados, el mandato populista condujo a las huestes de la expresidenta a abrir las ventanas para el ingreso de millones de nuevos jubilados, sin aportes, con moratorias irrisorias que sirvieron para que quienes aportaron durante toda una vida de esfuerzo vieran diluirse sus haberes, igualando su condición con la de quienes, en muchos casos, jamás habían siquiera trabajado. El sistema previsional no resiste ni el aumento de la expectativa de vida ni mucho menos los abusos impuestos por la política. La reforma no puede esperar y mientras tanto habrá que atender el justo e impostergable reclamo de millones de adultos mayores librados a su suerte por la inescrupulosidad de quienes aún hoy dicen defenderlos.

*Editorial del diario La Nación