La seguridad y las fronteras abiertas

Jorge Macri, jefe de Gobierno d ela Ciudad de Buenos Aires, expresó un particular deseo: “Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”. En enero, fue a raíz del arresto de dos ciudadanos chilenos y uno colombiano que pretendían darse a la fuga luego de robar en un local de electrodomésticos del barrio de Balvanera. En febrero, una investigación iniciada en septiembre de 2023 condujo a 12 allanamientos simultáneos y al desbaratamiento de una banda de ciudadanos dominicanos –cinco hombres y una mujer– que se dedicaba al narcomenudeo.

Desde 2019, bajó la cantidad de delincuentes extranjeros presos y detenidos. Sin embargo, la población carcelaria de trasandinos se incrementó en hasta un 33% en la provincia de Buenos Aires y un 6,5% a nivel nacional en los últimos tres años. También experimentó un incremento del 25% en esa provincia la población presidiaria boliviana. El informe de 2022 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep) reveló que sobre un total de 105.053 presidiarios en el país el 4,9% son extranjeros, contra el 6,3% reportado en 2019. Dentro de dicho porcentaje se contabilizan 1951 paraguayos, 957 peruanos, 811 bolivianos, 395 chilenos, 287 uruguayos, 218 colombianos, 92 brasileros, 37 chinos, 27 ecuatorianos, 14 italianos, 12 españoles, 3 nigerianos y un sudafricano, con 284 de “otras nacionalidades” y 35 “sin datos”.

También a partir de datos del Sneep, desde la Comisión Provincial por la Memoria, se informó que a diciembre de 2023 había 56.627 presos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, siendo el 5% extranjeros y el 69% de ellos de nacionalidad paraguaya o peruana. A enero de este año, en comisarías de Buenos Aires había 2520 detenidos, 124 de ellos extranjeros, lo que representa un 5% de aquella población. La Policía de la Ciudad reportó que un 16,2% de los detenidos son extranjeros, predominando las nacionalidades peruana, paraguaya y chilena, por encima de colombianos y bolivianos.

Macri expresó que “Buenos Aires no debe ser más el lugar donde se vienen a cometer delitos” e insistió en que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la ley de migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros sin ciudadanía que eligen nuestro país para delinquir, derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso”. Fue él quien puso el foco en el que debiera ser el meollo del problema al agregar que el Gobierno está “extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales”. Muchos menos serían los deportados si simplemente no se franqueara tan gentilmente el ingreso a quienes ya llegan con extensos prontuarios en sus países de origen. La ley de migraciones habilita la expulsión cuando la persona es condenada en la Argentina o en el exterior por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos. También por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, por delitos que en nuestro país merecen penas de privación de la libertad, o cuando la persona participó en actos de genocidio, crímenes de guerra o terrorismo.

Desgraciadamente, mientras la mayoría de los extranjeros, tanto hoy como ayer, trabajan y se ganan el pan honradamente para el engrandecimiento de nuestra patria, otros protagonizan las crónicas criminales cotidianas. Mientras muchos vienen a educarse en nuestras universidades gratuitas, otros, convertidos en matones y reyes del hampa, se gradúan con honores en la universidad de la calle también a expensas de los argentinos. Nuestra generosa Constitución, desde su mismo Preámbulo, abre las puertas del país a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. pero su buena voluntad debe ser examinada.