La Procuración del Tesoro nacional informó que Argentina sumó una docena de apoyos internacionales, entre los que se destacan el de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), en la causa que los fondos buitres motorizaron contra YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos deberá definir la validez del fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, quien ordenó entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera en favor de los demandantes.
El pago de la sentencia dictaminada por la magistrada de primera instancia ronda los 16.000 millones de dólares -a los que se le suman intereses diarios-. De ejecutarse, el país entraría en un dilema con la propia Constitución, que obliga a pasar por el Congreso de la Nación, cualquier cambio en la composición patrimonial de la compañía. Preska insiste en hallar pruebas que le permitan determinar si la empresa es un "alter ego" del Estado argentino, para habilitar el embargo de bienes en el exterior y que los buitres se lleven la tajada.
"Acaban de presentarse escritos amicus de los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Italia, Rumania, Uruguay, Ucrania y Ecuador apoyando a la Argentina en su apelación del fallo de la jueza Preska que ordenó entregar acciones de YPF. Se suman al amicus que presentó la Provincia de Chubut. Recordemos que la Cámara de Apelaciones de NY ya suspendió la orden de Preska mientras considera la apelación", informó en X, Sebastián Soler, experto en el caso.
En un comunicado de prensa, la Procuración señaló que “el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”.
La estrategia de los capitales especulativos que operan contra YPF es conocida: presionar y presionar hasta obtener algo, sin importar las consecuencias que esa dinámica extorsiva implique para un país. Tensan al máximo la situación para intentar negociar y obtener un acuerdo -lo más abultad posible- con el Gobierno de turno. Sin embargo, la estrategia de defensa argentina se mantuvo inmutable en términos de respeto por la soberanía, más allá del cambio sustancial en los colores políticos de las gestiones a cargo del Ejecutivo, desde que inició el litigio.
“El apoyo de EE.UU se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Joe Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump”, añadió el parte oficial.
La AmCham detalló que la decisión de presentarse como figura legal dentro del juicio “se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.
La Procuración afirmó que “en el caso de Israel es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza”.
El listado completo de presentaciones a favor de que YPF no pierda las acciones abarca a países de distintos continentes: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.
El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la República Argentina a pagar el fallo por los eventos derivados de la expropiación de YPF.
La Procuración sostuvo que “el gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.
No obstante, las posturas de Javier Milei acusando al actual gobernador y entonces ministro, Axel Kicillof, de ser responsable de un mal manejo de la expropiación, según los especialistas podrían beneficiar a los buitres y por tanto ir a contramano del interés nacional.
Página 12
