Una investigación que comenzó en marzo del año pasado por sospechas de vínculos locales con Al-Qaeda puso al descubierto una organización dedicada al “tráfico ilegal de migrantes”. Un año y medio después de iniciada, la pesquisa no confirmó la hipótesis inicial sobre lazos con actividades terroristas, pero sí profundizó las pistas luego de una denuncia sobre una banda que operaba en la Argentina, sobre la base de directivas de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En las últimas horas, por orden del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, personal de la Prefectura Naval detuvo a cuatro sospechosos y secuestró nueve armas de fuego.
En la investigación, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Santiago Eyherabide, a cargo de la el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata; la fiscal federal Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y el fiscal federal Santiago Marquevich, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco).
Los detenidos son una mujer nacida en Siria de 52 años, un ciudadano tunecino, de 33; otro marroquí, de 49 y un argentino, de 60.
“Se trata de una organización delictiva integrada por personas nacionalizadas argentinas, originarias de países de la comunidad árabe, que habría desplegado distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadanos extranjeros en el país”, explicó un detective judicial que participa de la investigación.
Los sospechosos fueron detenidos durante siete allanamientos ordenados por el juez Inchausti en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la ciudad de Buenos Aires.
Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar la denuncia de la DNIC hacía referencia a un ciudadano egipcio que había llegado al país en 2022, momento en que pidió su admisión como refugiado.
“Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda, que era buscado por las autoridades de Egipto, por su intervención en actividades terroristas”, sostuvieron el citado sitio de información del Ministerio Público.
El ciudadano egipcio, tiempo después, se presentó en la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones y solicitó la ciudadanía. Para fundamentar su pedido, presentó documentación que acreditaba su casamiento con una mujer argentina con domicilio en la “La Feliz”.
“Creemos que la esposa del ciudadano egipcio recibió el dinero para casarse. La pareja no se conocía al momento de firmar el acta de matrimonio en el registro civil”, afirmó a LA NACION una fuente judicial.
Pronto se supo que el ciudadano egipcio trabajaba para el imputado de nacionalidad marroquí que terminó imputado en la causa.
