El fiscal Federal Franco Picardi, que interviene en la investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidió una serie de medidas, entre ellas la indagatoria y detención de varios de los involucrados, entre otros Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. El juez federal Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria para el próximo 19 de noviembre.
El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina. También se solicitó la aprehensión de otras cinco personas, entre las que se encuentra Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.
Fueron citadas a indagatoria, en total, 15 personas, entre las que hay otros ex funcionarios de la ANDIS y representantes del sector privado.
De ellos, se solicitaron las detenciones de Spagnuolo, Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian.
En los casos de Spagnuolo, Garbellini y Calvete, se pidió también el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos y su extracción forense, mientras que con relación a González, Di Giorno y Atchabahian, se solicitó que se libren las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa, a los fines de efectuar el secuestro de dispositivos tecnológicos, sumas de dinero y “documentación vinculada a contrataciones y/o transacciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Profarma S.A., Indecomm S.R.L., Indecomm S.A.S., Droguería Genesis S.A., Droguería Suizo Argentina S.A, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. -entre otras-, que resulten de interés, así como otra documentación que pueda resultar pertinente al caso”.
Los otros apuntados en el caso que fueron citados a indagatoria son Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
Por otro lado, se solicitaron los allanamientos de los domicilios de Sebastián Nuner Uner, Alan Pocoví, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y de la empresa Baires Fly S.A.
Según el requerimiento fiscal, se detectaron“ graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Según le indicaron fuentes de la investigación a Infobae, Picardi detectó una organización delictiva, con direccionamiento en las compras de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y pagos de sobornos a funcionarios públicos.
Estas presuntas maniobras fueron realizadas en perjuicio de la administración pública, y en particular del sector poblacional con discapacidad, de especial vulnerabilidad, adherido al Programa Incluir Salud, que está destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).
Para el fiscal, Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.
Además, Picardi considera que tanto el ex titular de la ANDIS como el ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, “permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos y las prestaciones que debía o no cubrir el organismo e incluso que intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos a cambio. A la par, que permitieron que personas externas tuvieran operadores/as dentro de la ANDIS, designados en pos de garantizar y coordinar los diversos beneficios”.
“De este modo, mediante acciones concretas, ambos garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado; todo lo cual es contrario a los fines de dicha entidad, especialmente pensada para diseñar e implementar políticas sociales para personas vulnerables”.
Los pedidos de nulidad
Hace pocos días, Spagnuolo había pedido la nulidad de la causa. A través de su flamante defensor, Mauricio D’Alessandro, se plegó a la línea argumental que venían sosteniendo los abogados de la droguería Suizo Argentina y desconoció la autenticidad de los audios en los que se escucha su presunto relato sobre el esquema de corrupción.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, recibieron a todas las partes para escuchar sus argumentos sobre la disputa alrededor de la nulidad del caso. Esto se discute en dos frentes.
Por un lado, dicen las defensas, la causa debería anularse porque los audios son ilegales, ya que habrían violado la intimidad y privacidad de Spagnuolo. Tampoco descartan que sean falsos, creados con inteligencia artificial o bien obtenidos mediante espionaje ilícito. De hecho, D’Alessandro sostuvo en una entrevista radial que “los audios que involucran a Spagnuolo son falsos y fueron editados con inteligencia artificial”.
Por otro, la defensa de los dueños de la droguería, sostuvo ante la Cámara que las presuntas maniobras de corrupción entre la Suizo Argentina y la ANDIS ya se investigaron en una causa previa que terminó archivada por inexistencia de delito. Con ese antecedente, el abogado de la compañía y la familia propietaria, Martín Magram, apeló al principio denon bis in idem, por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.
Ahora los camaristas de la Sala II analizarán los planteos de las partes contra el rechazo previo del juez federal Sebastián Casanello -a cargo de la causa- que descartó ambos intentos por clausurar la investigación.
En los fragmentos que se conocieron de los audios, quien sería Spagnuolo involucró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem en un supuesto esquema de sobreprecios y cobro de coimas en el que se quedarían con un 3% del valor de los contratos celebrados entre la droguería y el Estado.
Picardi, acompañado por el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe, defendió su caso y planteó que el disparador no fueron los audios cuestionados, sino todo un universo de indicios de corrupción.
Como ejemplo, mostró el decreto con el que el presidente Javier Milei desplazó de sus cargos a Spagnuolo y Garbellini.
“El Poder Ejecutivo toma la decisión de echar a estos funcionarios previo al inicio de la investigación. Y entre los fundamentos de este decreto, finaliza diciendo que ‘por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias, corresponden en esta instancia limitar las designaciones de Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini’”, siguió el fiscal.
Entre las demás pruebas que se incorporaron a la causa, Picardi también destacó las declaraciones testimoniales de Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional libertario, y Agustín Rodríguez, columnista del canal de streaming Neura.
Cerimedo reconoció bajo juramento que Spagnuolo ya le había hablado en 2024 de lo mismo que se menciona en los audios. Y Rodríguez contó que en la antesala a una entrevista que brindó en su medio, el ex titular de ANDIS “estaba preocupado, estaba mal, estaba molesto con ‘Lule’ Menem por la intervención que tenía sobre él en el área de Discapacidad”.
“No está claro que Spagnuolo no participe de los actos de corrupción. Cuanto menos tuvo la obligación de denunciarlo”, concluyó Picardi.
