En un claro intento de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una visión restrictiva que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumento
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se negó a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso.
Sólo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.
El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.
Pero, además, la norma que redactó de puño y letra la por entonces senadora y primera dama obliga al rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De hecho, basta la aprobación de una de ellas para dejar firme un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.
Ahora, la situación podría dar un giro de 180 grados. Es que el texto aprobado por la Cámara alta marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.
Así, el proyecto termina con la sanción ficta al establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue ese respaldo, queda derogado de manera automática.
Como si fuera poco, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue impulsada por los gobernadores a través de Carlos Espínola.
Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.
Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023.
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