Al menos hasta el 29 de abril, la deuda reconocida por el Gobierno en el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete en el Congreso con los prestadores del programa Incluir Salud ascendía a los $ 69.550 millones y acumulaba saldos pendientes desde noviembre de 2025.
En el documento que Manuel Adorni defendió en la legislatura ese día, el Ministerio de Salud informaba que, “durante la última semana de abril, se está dando continuidad al proceso de regularización de los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre”. Perfil consultó a esta cartera si esto se había efectivizado finalmente el 30 (último día hábil del mes), pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
El programa, según describe su sitio web, está destinado a brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de una red pública de prestadores y a garantizar que todas las personas titulares de una Pensión no Contributiva “puedan acceder a atención de calidad independientemente de dónde vivan”. En total, de acuerdo con una de las respuestas del informe de gestión de más de 1.900 páginas presentado por la jefatura de Gabinete, de este sistema dependen 714 mil personas.
Las demoras en los pagos, explicaron desde el Ministerio en el documento escrito, “responden a un proceso de reordenamiento estructural del área, orientado a corregir desvíos acumulados”.
Lo que se acumula, además de las deudas, son los reclamos de quienes no pueden esperar un reordenamiento para continuar sus tratamientos. Desde la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) compartieron con este medio algunas de las inquietudes más recientes: pacientes con artritis reumatoidea que no reciben su medicación y notaron una reactivación de su enfermedad “lo que les impide hacer una vida normal, vuelven los dolores fuertes y la inmovilidad”; el avance de cuadros de enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, casos en los que “la falta de medicación puede hacer que la enfermedad avance y genere mayor discapacidad en adultos jóvenes en plena edad productiva”; casos de pacientes con neuromielitis óptica, a quienes la falta de medicación “produce que la enfermedad no esté controlada y avance, aumentando la discapacidad y con la posibilidad de que esta persona quede postrada, ciega y con daños en su calidad de vida irreversibles”; pacientes con trastornos de Fabry, Gaucher y Pompe que “tampoco están accediendo a sus tratamientos con Incluir Salud”; y pacientes con distintos problemas de salud en Tucumán donde “hay demora en las entregas y la gente deambula de un lado a otro en la búsqueda de la medicación”. La situación, definen, es triste y crítica.
El programa Incluir Salud fue nombrado en varias preguntas a lo largo del informe, ante las que desde la cartera que dirige Mario Lugones insistían en señalar que “estas demoras no responden a una reducción de la cobertura ni a una desatención de las personas con discapacidad, sino a una decisión de política pública orientada a ordenar, transparentar y hacer sustentable el sistema”.
Pero mientras el documento oficial informa que “dichas demoras se vinculan con los resultados de la intervención del organismo, que puso de manifiesto la existencia de circuitos administrativos fragmentados, debilidades en los mecanismos de control y una limitada trazabilidad del gasto”, los pacientes con fibrosis quística resisten como pueden.
“Es muy perverso: a los pacientes no les dicen que no. Les dicen cosas como ‘acá no es la oficina, esto no está en el vademécum, anda para allá, anda para acá’”, asegura a Perfil María Eugenia Koolen, asistente social de la Asociación de Fibrosis Quística Argentina (Fipan). “La gente de Incluir es la más vulnerable, la que tiene menos recursos económicos, menos recursos de todo tipo, como para estar atrás de sus medicamentos”. La profesional explicó que existen demoras y “muchas trabas”. “La gente te dice: ‘no me entregan nada’. Entonces, van al hospital, el hospital tiene alguna donación, tiene algo, le entregan, y así van, llevándolo adelante como pueden, porque se van de las oficinas con las manos vacías sin recibir la medicación”. Sobre las afirmaciones del Ministerio de Salud en el informe agregó que “el Gobierno puede decir lo que se le dé la gana, que se están reestructurando, pero su reestructura significa destrucción. Ellos llaman reestructurar a lo que es destruir todo un sistema que tenía sus falencias, pero que, de algún modo, daba respuesta”, sentenció.
“Tengo el caso de una mamá que está sola con dos nenes: uno con fibrosis quística. Ella trabaja cuidando a una señora mayor, con lo cual no tiene muchas posibilidades de movilizarse de un lado para otro, tiene que pedir permiso en el trabajo y no siempre se lo dan”. En casos como ese, cuando consiguen, la asociación les dona la medicación. “Esta mujer hace mucho tiempo que ya no recibe las enzimas pancreáticas para su nene”, concluyó.
El Ministerio de Salud también informó que, desde diciembre de 2023 al 29 de abril de 2026, se habían registrado 181 amparos judiciales, “todos ellos con medida cautelar con cumplimiento efectivo”.
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