Dra. Silvia Zarza
Abogada UNNE
Especialista en derecho previsional
Planificación patrimonial y sucesoria
Un haber que no alcanza
Doña Luisa, jubilada de 73 años, cobrará en junio una prestación base de $304.723,94; con el bPrincipalono extraordinario de $70 000, el medio aguinaldo y el plus por movilidad del 2,78 %, su ingreso trepará a $527.085,90 brutos.
El número impresiona, pero la canasta básica de los adultos mayores ya supera el $1.200.000 –alimentos, vivienda, medicamentos y servicios incluidos– según la Defensoría de la Tercera Edad.
Resultado: dos de cada tres jubilados que cobran el mínimo siguen por debajo de la línea de pobreza y achican consumo esencial para llegar a fin de mes.
¿Cuánto le cuesta al Estado?
En 2023, el gasto total de la ANSES representó 8,8 % del PBI; las proyecciones privadas lo ubican cercano al 8,3 % en 2024, un mínimo histórico tras la licuación real de haberes por la inflación.
Para ponerlo en perspectiva: en 2020, plena pandemia, el mismo rubro superaba el 12 % del producto. El ajuste silencioso sobre los ingresos de los mayores alivió la planilla fiscal, pero a costa de la calidad de vida de cinco millones de pasivos que cobran una jubilación mínima.
La nueva movilidad, ¿solución o parche?
Hasta junio 2024 regía la fórmula de la Ley 27.609 (50 % salarios + 50 % recaudación, ajuste trimestral).
Desde julio 2024 está vigente el DNU 274/2024, que dispone aumentos mensuales según el IPC nacional con un desfase de dos meses y aplicó un “empalme” excepcional: adelantos en abril-mayo y un incremento adicional del 12,5 % para recomponer parte de lo perdido.
Luisa y sus pares dejan de esperar tres meses para cobrar la actualización, pero siguen atados a un índice que corre detrás de los precios de alimentos y medicamentos.
Lo que significa vivir con el mínimo
Cobertura de la canasta: incluso con bono y aguinaldo, la jubilación mínima cubre alrededor del 44 % del costo de vida del adulto mayor promedio.
Medicamentos fuera de catálogo: una caja de antihipertensivos cuesta hoy más de $50 000; la cobertura del PAMI no siempre llega y la diferencia se paga de bolsillo.
Endeudamiento creciente: el crédito de consumo para jubilados superó el 120 % anual efectivo, transformando al sistema financiero en sustituto de la política previsional.
El espejo retrovisor: promesa y caída de las AFJP
El régimen privado inaugurado en 1994 prometía “tu jubilación es tuya”. Quince años bastaron para desnudar la realidad:
Problema Impacto real
Comisiones de hasta 30 % del aporte Capital erosionado y rentabilidad negativa
en varios períodos
Exposición a crisis financieras (1998-2002, 2008) Caídas de valor que obligaban al Estado a
complementar haberes
Cobertura insuficiente 4 de cada 10 afiliados proyectaban menos
que la mínima estatal
La Ley 26.425 (2008) re-estatizó los fondos al comprobar que el sistema mixto duplicaba costos y dejaba un pasivo implícito que, en los hechos, seguía pagando el Tesoro.
Los jubilados no ganaron poder adquisitivo y la caja pública quedó igual o más comprometida.
Cinco lecciones que aún valen
1.Solidaridad intergeneracional: sin aporte de los activos, ningún esquema se sostiene cuando la pirámide poblacional envejece.
2.Blindaje frente a la inflación: la jubilación no puede depender del humor de los mercados ni de la recaudación instantánea.
3.Complementos, no sustitutos: seguros de retiro, bonos CER o inmuebles sirven para diversificar, no para reemplazar el piso estatal.
4.Transparencia de las reglas: el beneficiario debe saber qué índice rige y por qué.
5.Gestión digital unificada: las historias laborales dispersas generan “lagunas” que empujan a moratorias o litigios.
Propuestas para revertir esa realidad
Actualizar por inflación real hasta estabilizar precios, evitando desfasajes con un IPC que subestima rubros sensibles a los mayores.
Cruzar bases de datos –AFIP, Renaper, registros provinciales– para cerrar lagunas de aportes sin exigir al jubilado un peregrinar por procesos complejos para la carga de documental.
Fomentar el ahorro voluntario de bajo costo, con incentivos fiscales estables y reglas claras, aprendiendo del fiasco tarifario de las AFJP.
Recuperar y blindar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estableciendo mandatos de inversión productiva y prohibición a rescates discrecionales.
Revisar regímenes especiales para transparentar el costo total y priorizar a quienes efectivamente aportaron 30 años o más.
Conclusión: dignidad, no beneficencia
A diario jubilados vuelven a trabajar en negro, abuelas que adelantan herencias para pagar expensas y familias que venden recuerdos para costear un estudio médico. La estadística conmueve, pero las historias duelen más: proyectos de vida que se achican porque el haber mínimo no cubre lo básico.
El debate previsional no puede reducirse a números para asegurar el déficit fiscal cero. Tiene que ser política de Estado con equidad, eficiencia y previsibilidad. El futuro se escribe hoy, garantizando un ingreso digno y herramientas de planificación que den seguridad real –no ilusiones de marketing– a quienes construyeron el país con su trabajo.
Planificar no es un lujo de expertos; es una estrategia de supervivencia en un país donde la jubilación mínima cubre menos de la mitad de la canasta básica. Quienes todavía trabajan deben optimizar aportes y construir un “colchón” diversificado; quienes ya se jubilaron pueden —y deben— revisar su liquidación, generar ingresos compatibles y blindar sus ahorros contra la inflación. La clave es información precisa, disciplina de ahorro y asesoramiento profesional temprano.
