El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, se refirió este jueves a la Ley de Financiamiento Universitario y a la necesidad de avanzar en nuevas fuentes de ingreso para las instituciones académicas. Tras la sesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reafirmó la importancia de cumplir con la norma y de mantener el diálogo para encontrar soluciones al actual escenario presupuestario.
“El presupuesto que envió el Poder Ejecutivo no satisface las necesidades del sistema universitario, porque proyecta para 2026 lo mismo que se transferirá en 2025, sin contemplar siquiera las pautas inflacionarias. Es decir, ni siquiera está presupuestado el 10% que el propio Gobierno reconoce”, señaló Larroza, consultado sobre la situación del financiamiento y la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
La ley, ratificada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Gobierno Nacional, fue puesta en suspenso mediante un decreto presidencial, hasta tanto se definan las fuentes de financiamiento. La publicación sobre esta decisión se realizó el 20 de octubre en el Boletín Oficial, lo que motivó un llamado a reunión extraordinaria del CIN, donde rectoras y rectores acordaron recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento.
“Estamos de acuerdo en exigir el cumplimiento de la ley, pero aún analizamos la vía judicial. Cada institución evalúa su propio camino”, indicó Larroza en diálogo con LT7.
El rector insistió en que “no queremos una postura confrontativa, sino responsable, que nos permita encontrar soluciones”, y convocó a “agudizar la inteligencia y la capacidad de diálogo para salir de este momento”.
Larroza describió “un escenario muy complejo” para el sistema universitario nacional, con presupuestos prorrogados que no contemplan el índice inflacionario y no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de funcionamiento. Destacó que la desfinanciación afecta principalmente los salarios, que representan el 90% del presupuesto universitario, lo cual impacta directamente en el funcionamiento de las universidades.
“En la Unne se trabaja sobre bases prioritarias para garantizar la docencia, el apoyo estudiantil y el pago de servicios esenciales”, explicó. Además, lamentó la falta de fondos para obras de infraestructura mayor, aunque valoró los avances en mejoras tecnológicas y mantenimiento básico.
“Muchas obras las realizamos gracias a alianzas con municipios y gobiernos locales, lo que nos permitió sostener una expansión territorial que de otro modo hubiera sido imposible”, remarcó.
Aun en ese contexto, el rector llamó a mantener la serenidad institucional y subrayó: “No queremos que al país le vaya mal. Lo que pedimos representa apenas el 0,10% del presupuesto nacional. Es una cuestión de decisión política y de racionalidad. Las universidades públicas somos parte de la solución, no del problema”, concluyó.
Decisión del CIN
Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
“Un decreto no puede suspender una ley”, advirtió el decano anfitrión, Leandro Vergara, representante de la UBA. Por su parte, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
En el comunicado emitido tras el encuentro, el CIN afirmó que la decisión presidencial de suspender la norma “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
Además de la acción judicial, las y los representantes de las universidades resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026, contemplando los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario como base presupuestaria.
