Por Jorge Eduardo Simonetti
Para El Litoral
LO QUE DEFINE A UN GOBIERNO
La suma de nuestras conductas definen nuestra opción fundamental: la opción moral. La cuestión no refiere a los cánones sociales de una moralidad media en un determinado tiempo, tampoco a la valoración intrínseca que incorpora una norma jurídica para trazar la raya entre lo que está permitido y lo que está prohibido.
Antes que un debate filosófico, pretendo construir por vía analítica, un concepto general que permita desentrañar la trayectoria moral del gobernante en su tarea de gobernar, a través de las decisiones que va tomando en función de las opciones que las circunstancias les presentan.
En ello no encuadran aquellos sucesos en los que la voluntad humana está viciada por la invencibilidad del resultado, sin el básico presupuesto de la libertad de elección como fundamento de la opción moral.
Creo que ello es plenamente aplicable a los gobiernos, porque éstos tienen la moralidad social que sus decisiones exponen, de manera tal que en el tiempo puede reconstruirse y determinarse cuál ha sido su opción fundamental en orden al sentido moral de la acción de gobernar.
Vayamos por parte. Reconstruyamos el sendero de este gobierno a través del GPS de algunas de sus decisiones fundamentales, ellas nos llevarán, sin esfuerzo adicional, a determinar su opción moral general.
Entre un Estado acotado a las funciones básicas de la organización común, eligió en cambio la opción del Estado grande, paternalista, repartidor, lo cual supuso un gran gasto fiscal, sostenido por los ingresos en tiempos de vacas gordas y, más acá, sumó la maquinita impresora de billetes, con su secuela de inflación.
Para financiar el gran Estado, se decidió ejercer una gran presión fiscal sobre dos sectores fundamentales: el campo y la clase media. Con los primeros, produjo un incremento exponencial en las retenciones sobre los commodities agrícolas. A la clase media, autónomos, asalariados y jubilados, con haberes altos, medios y hasta medios bajos, literalmente les confiscó gran parte de sus ingresos a través del impuesto a las ganancias, apelando a dos verdaderas estafas sociales: no actualización automática de los mínimos y mantenimiento de la escala de aportes (tablita) no actualizada desde el año 2000. La inflación completó este verdadero despropósito.
El método político fue el de la confrontación, pegó y después negoció, y si no pudo obtener réditos, siguió pegando hasta terminar con el adversario, o dejarlo inerme.
Para mantener a los pobres, optó por sacarle a otros pobres, los jubilados de la Anses. El prototipo de la justicia social es el “subsidiado”, el jubilado “sin aportes”, los jóvenes “ni ni”, aunque con ello se sacrifiquen los dineros de los jubilados que han aportado toda su vida laboral y hoy se ven “masacrados” con haberes de hambre (el 70% cobra la mínima) y con una Anses que es caja para todo evento (asignación universal por hijo, plan conectar y otras yerbas), menos para los verdaderos aportantes.
En materia de seguridad pública, la opción ha sido negar el recrudecimiento del delito, mirar hacia otro lado, confiar que de lo que no se habla no existe, esconder las estadísticas de la delincuencia, y, mientras tanto, confiar en la paciencia de una sociedad acorralada por el robo, la droga y la muerte, que comenzó a reaccionar con fiereza e irracionalidad.
En la producción de normas, la permisividad ha sido el principio rector de la legislación, el abolicionismo ha convertido a los “delitos” en “conflictos sociales”, la “pena” en “opción irracional” y los delincuentes en víctimas.
Una suerte de “anomia” se instaló con la tolerancia de los cortes de calle, del vale todo para cierta clase de comportamientos sociales negativos, el sacrificio de los derechos de todos a favor de “pequeñas transgresiones” consideradas políticamente virtuosas.
El patrón de gestión fue generar en la comunidad una visión confusa del concepto de autoridad y un impreciso límite con el autoritarismo, de modo tal que a comportamientos gubernamentales de omisión total de la presencia estatal se suceden medidas de gran autoritarismo e intervencionismo.
La compartimentación temporal y temática de los derechos humanos también fue una opción moral de este gobierno. Derechos humanos eran los de antes, los de los “setenta”, ahora “averiguación de antecedentes”.
La cooptación de la Justicia fue también materia principal de la gestión, con los proyectos de una llamada “democratización”, muchos de los cuales naufragaron por su manifiesta improcedencia.
En materia de medios de comunicación y libertad de expresión, se optó por una ley que desarmara los “medios concentrados”. Con ello se logró que la concentración pasara a la constitución de un pool oficial y paraoficial de medios, lo que resultó en muchos medios para el gobierno y sus amigos, escasísima audiencia y cadenas oficiales a rolete.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho propia la opción moral en casos de trascendencia pública. En lugar de imponer su poder de “imperio” para hacer cumplir en tiempo y forma sus propias sentencias en materia de juicios previsionales, ha optado por “exhortar” a la Anses al pago de las mismas (hoy a cuentagotas), privilegiando el buen trato entre poderes en perjuicio de los derechos del jubilado, al que no le alcanza la vida para gozarlos.
También las altas autoridades judiciales optaron moralmente por la “ética de la jungla”, aquélla que predica el “sálvese quien pueda”. Mantuvieron para los jueces el no pago del confiscatorio impuesto a las ganancias, morigeraron su incidencia para los empleados judiciales, sabiendo que “la caridad bien entendida empieza por casa”. Aunque en su opción moral entendieron que “la caridad no se extiende al vecindario”, porque rechazaron el reclamo de los jubilados. Es que la jubilación es una ganancia, los sueldos judiciales no. Lo que se dice: “dar a cada uno lo suyo”.
Salimos de esta “década” de poco más de doce años, con un concepto formado acerca del paradigma fundamental de la gestión kirchnerista. Confrontación, relato a medida, negación de la realidad, doble rasero para medir las conductas, derechos humanos para los amigos, sumar subsidiados y restar trabajadores, aplicar la gran carga del esfuerzo financiero sobre los sectores medios, cooptar la justicia, concentrar la difusión pública. Es cierto que en su final, del estado distribucionista y regalón, con pétreo rostro populista se está intentando disimular un ajuste ortodoxo al mejor estilo del “neoliberalismo” tan criticado, triste final para un mensaje que siempre cacareó lo opuesto.
La suma de sus medidas ha determinado su opción moral. Los que vivimos el presente nos beneficiamos o perjudicamos con ella, la historia determinará el balance verdadero.
