Hace poco más de un mes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibió el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en una reunión celebrada con la comisión que lo redactó, formada por veintiún especialistas, y que trabajó durante tres años.
El documento fue debatido a lo largo y ancho del país, y presentó los puntos de consenso para el anteproyecto. Se tuvieron en cuenta también los resultados de la oralidad civil efectiva, que ya se implementó en 15 jurisdicciones con asistencia del ministerio, entre ellas, la Justicia nacional en lo civil.
Entre los puntos más destacados del proyecto está la centralidad puesta en el usuario del servicio de justicia, en el juez como director del proceso y en su necesaria participación en las audiencias, y en los abogados como auxiliares para la solución del conflicto.
La oralidad efectiva, la dirección de las audiencias por parte de los jueces y la videograbación como registro, serán fundamentales para obtener procesos rápidos en cuestiones sencillas o urgentes y evitar largos juicios. Además, el texto incorpora el proceso monitoreo, dando lugar a juicios muy simplificados si el requerido no plantea defensa; la eliminación del soporte papel y su reemplazo por el expediente electrónico.
También presenta novedades como la simplificación de estructuras y de actos procesales y de las vías recusivas.
