“La causa contra el Juzgado Federal de Corrientes será un escándalo”

 Un arrepentido que no puede serlo, un viaje a Inglaterra, rinoscopías y el lento tranco de una causa que en el medio se quedó sin juez.  El caso que el año pasado llevó ante la Justicia porteña a dos de los integrantes del Juzgado Federal de Corrientes junto a su titular y a un grupo de abogados, bajo el lente de Aníbal Ibarra asume formas escandalosas que, asegura, terminará con un cúmulo de pruebas en contra de la acusación del cobro de supuestas coimas para proteger a narcotraficantes.

Ibarra, ex jefe de Gobierno de Buenos Aires, lleva adelante la defensa técnica de Federico Grau, uno de los secretarios penales del Juzgado Federal de la calle 25 de Mayo de Corrientes, quien fue procesado por el juez federal en lo criminal y correccional 12 porteño Sergio Torres, que semanas después fue designado miembro del Superior Tribunal de Justicia bonaerense a propuesta de María Eugenia Vidal.

El funcionario correntino permaneció detenido en la Unidad 31 de Ezeiza durante tres meses, en donde se encuentran numerosos acusados en expedientes de supuesta corrupción.

Sobre el caso, Aníbal Ibarra hizo un repaso para El Litoral bajo una conclusión: “Estoy convencido de que en el juicio oral quedará demostrado que la instrucción de esta causa terminará siendo un escándalo”.

—¿Cuál es la situación actual y cuál es la expectativa?

—La causa está próxima a juicio oral y tengo la absoluta certeza de que toda la prueba que se realice va a demostrar, no solo la inocencia del secretario del Juzgado Federal de Corrientes Federico Grau, sino cómo el juzgado instructor se manejó con prejuicios y con indicios que, en su mayoría, son falsos y prejuiciosos.

Ahora el trámite está en cerrar la instrucción, la primera etapa de todo juicio, para ser elevado a un tribunal oral, esto será seguramente el año que viene. Este año no le veo ninguna posibilidad de que pueda empezar a realizarse.

—¿Registra algún antecedente la estrategia de llevar adelante una acusación tan fuerte contra un juez y dos de sus principales colaboradores?

—Contra todo un tribunal, yo no tengo antecedentes, la verdad es que creo que hubo un grave error por parte de la procuraduría nacional contra el narcotráfico (Procunar), que se autoconvenció de forma fantasiosa que era todo un juzgado que protegía al narcotráfico y a partir de ahí salió a buscar pruebas y no las consiguió.

—¿Qué directrices de esa acusación se trazan hacia su defendido?

—Respecto de Grau no hay nada, solamente los dichos de un arrepentido que es (Federico) “Morenita” Marín, quien lo que dijo, lo dijo en venganza, ya que responsabiliza a Grau por la detención durante dos años de su pareja. En términos jurídicos y procesales no hay nada.

Sin embargo, vamos a juicio oral, muy tranquilos porque vamos a demostrar que esto es todo un prejuicio, que no hay prueba en absoluto.

Es como cuando alguien se convence de una cosa y después tiene que encontrar justificaciones para eso y en esa discusión estamos, por lo que tenemos la convicción de que el juicio oral servirá para probar la inocencia de Grau y que merece como persona limpiar su honor y que vuelva a su trabajo judicial de tantos años, que no lo debió haber perdido y donde se desempeñó de modo honesto y profesional.

—¿Se trata de una maniobra política?

—No puedo afirmar con certezas o con pruebas, pero tampoco puedo descartar que haya habido alguna intencionalidad política para tener vacante todo un juzgado federal en Corrientes.

La causa

El 4 de diciembre de 2018 Corrientes amaneció con la noticia de que detuvieron a cinco abogados del foro local y dos secretarios del Juzgado Federal 1: Federico Grau y Pablo Molina, bajo la acusación de haber negociado supuestas coimas para beneficiar a narcotraficantes, en su mayoría implicados en la megacausa del Operativo Sapucay.

Ese expediente troncal, del cual se desprende el caso de los abogados y los funcionarios, llegó a juicio el miércoles último y en primera fila, con estricto chaleco antibalas, se ubicó uno de los patrones de la marihuana de Itatí, Federico Sebastián “Morenita” Marín.

Marín, quien fue atrapado el 19 de octubre del año pasado, armado y rodeado de sus hijos, una de las primeras maniobras defensivas que utilizó para aliviar su complicada situación procesal fue acogerse a la figura del arrepentido. Es decir, negoció beneficios a cambio de delatar a otros acusados pero reconociendo que traficaba marihuana paraguaya que desde Itatí distribuía a siete provincias de la Argentina. Incluida la Ciudad de Buenos Aires, donde el juez Sergio Torres siguió las pistas del Cannabis que se vendía al menudeo en las villas.

Ni uno solo de los casi 40 acusados de la causa Sapucay niega que Marín era uno de los patrones del narcotráfico fronterizo. Y sus recursos, plasmados en la extensa trayectoria que acredita como fugitivo, también hablan de su rol preponderante en la estructura.

Al funcionario correntino, el juez Torres le endilgó cinco hechos, montado a una serie de escuchas entre supuestos narcotraficantes y a las delaciones del contrabandista itateño, que a los ojos de dos fuentes judiciales, no puede ser arrepentido, pues la ley no admite que los líderes de las bandas puedan acogerse a ese beneficio. 

-Si no tenía a nadie por encima suyo-planteó un abogado.

En ancas de ese indicio, basado en pruebas de diversa índole, la defensa de Grau intenta derribar las acusaciones vertidas por Marín contra el secretario penal del juzgado correntino.

Fuentes de la investigación precisaron que Lourdes Alegre, la madre de cuatro hijos de Marín, era la titular de seis vehículos con los que el contrabandista movilizaba los fardos de marihuana prensada que hacía traer a flote por el Paraná. Esas firmas puestas en documentaciones registrales de autos hallados con droga le costaron a Alegre ir a parar al Instituto Pelletier en 2016. Además, porque en su declaración ante la Afip Alegre hacía figurar un patrimonio de solamente $15.000.

Ese caso recayó en actuaciones que se canalizaron por la secretaría de Grau y la inquina que le generó al narco que también conocen como “el Negro”, habrían desatado la tormenta de revelaciones que el itateño fue a contar como ciertas en Buenos Aires.

Asimismo, un detalle con trazo al exterior circunscribe el caso. Uno de los cinco hechos que en el juzgado porteño aseguran, implica a Grau con los supuestos pedidos de dinero a narcotraficantes, ocurrió en la segunda mitad de 2015. Sin embargo, por entonces el secretario se encontraba de viaje, en Inglaterra donde fue a ver el mundial de rugby.

Otro de los elementos reunidos en la carpeta de argumentos defensivos de Grau, según indicaron fuentes judiciales, fue una rinoscopía de resultado negativo para el consumo de sustancias, surgida como prueba para derribar la declaración de un narcotraficante que afirmó en indagatoria que el secretario judicial participaba en supuestas fiestas que, cocaína mediante, habría oficiado a bordo de un yate el ex intendente de Empedrado y amigo de Marín, Juan Manuel “Juancho” Faraone.

Otra fuente revisó que Faraone, que cayó en otro episodio de la investigación, tampoco tendría una embarcación.

Actualmente el expediente con los nombres de los secretarios Molina y Grau, así como de Soto Dávila y los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Duylio Barboza Galeano y Omar Serial, se encuentra en manos del juez subrogante Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Carlos Stornelli.

Todos permanecen en libertad, con excepción de Serial que afronta el juicio que inició el miércoles último en Buenos Aires.