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Energía, un sector estratégico

A dos meses de gobierno de Alberto Fernández, un signo de interrogación persiste hasta ahora sobre un sector clave para la recuperación del país: el de la energía.
“Tal vez haya pocas áreas en el Gobierno en las que las distintas corrientes de la coalición del Frente de Todos sean tan visibles como en energía, un sector al que el presidente Alberto Fernández ve como el que puede sacar al país adelante, junto con el campo y la minería. La cuestión es que, al haber tantos actores, es difícil saber quién es el interlocutor al que los empresarios van en busca de información para decidir sus inversiones”, consigna un artículo publicado ayer por el diario La Nación. 
En este sentido acotan que “este año ya está perdido. Las empresas deciden sus inversiones en octubre, tal vez se pueda salvar el próximo año, si se da una señal desde ahora hasta entonces”.
El incentivo que quería ofrecer el Gobierno era la implementación de la ley de hidrocarburos, “para poder llevar previsibilidad, estableciendo reglas claras e iguales para todos”, como dijo el secretario de Energía Sergio Lanziani cuando se reunió con las autoridades de Shell. Sin embargo, muchos dudan de que la ley vaya a ser finalmente tratada en sesiones extraordinarias, como les dijo el Presidente a los ejecutivos petroleros cuando los recibió en la Casa Rosada, hace tres semanas. Se habla, incluso, de que podría ser enviada al Congreso a mitad de año, luego de que se logre la reestructuración de la deuda pública.
El proyecto, cuyo autor intelectual originario había sido Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su ala a la Secretaría de Energía. En la cartera que dirige Kulfas dijeron que en los últimos meses se juntaron con todos los actores, empresarios y sindicalistas, y sobre la base de las necesidades planteadas y de los objetivos que tienen para el país están redactando el proyecto.
Poco parece haber quedado del borrador de Nielsen, que estaba centrado en dar fuertes incentivos fiscales para la producción no convencional de Vaca Muerta. La formación se expande por Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, pero no abarca Santa Cruz, la provincia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vaca Muerta tampoco es el negocio fuerte de dos importantes familias empresarias del país: los Eurnekian, dueños de Compañía General de Combustibles (CGC), y los Bulgheroni, accionistas de Pan American Energy (PAE). El nuevo proyecto estará centrado también en la producción convencional y en las áreas off shore, las exploraciones en el mar costa afuera.
Al momento, el sector todavía espera que se instrumente la Ley de Solidaridad, que prometía bajar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos del 12% al 8%.
Las marchas y contramarchas en el sector no se limitan solo al llamado upstream (la producción de hidrocarburos propiamente dicha). La primera señal de que Energía no iba ser un área fácil fue la orden del Presidente de frenar el aumento del precio de los combustibles que había dejado trascender YPF. Solo días antes Fernández había autorizado a Nielsen a aplicar una suba del 5%, pero no del 8%, como pedía. El incremento nunca llegó. Ahora, con la expansión del coronavirus y la baja del precio internacional del petróleo, el valor en surtidor está en equilibrio con el de paridad de exportación, tras varios meses de estar atrasado. Todavía queda avanzar en dos cuestiones: la actualización del impuesto a los combustibles y el precio de los biocombustibles, que también está congelado y afecta a la cadena de valor.
También en el artículo de La Nación, firmado por Sofía Diamante, recuerdan que “aún quedan varios organismos que dependen de Energía sin directores nombrados. Los más resonantes son el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que esperan las designaciones de los interventores que autorizó la Ley de Solidaridad Social.
Otras empresas del Estado, como Integración Energética Argentina (Ieasa, la ex Enarsa), encargada de administrar las importaciones de gas y de llevar el control de las construcciones de las represas de Santa Cruz, tampoco tiene un director asignado.
En tanto, el área de renovables es otra en la que todavía no ha habido muchos avances.
Así, hay varios aspectos más por tener en cuenta y por resolver a corto plazo, porque, como se dijo, se trata de un sector estratégico para la recuperación del país.

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Energía, un sector estratégico

A dos meses de gobierno de Alberto Fernández, un signo de interrogación persiste hasta ahora sobre un sector clave para la recuperación del país: el de la energía.
“Tal vez haya pocas áreas en el Gobierno en las que las distintas corrientes de la coalición del Frente de Todos sean tan visibles como en energía, un sector al que el presidente Alberto Fernández ve como el que puede sacar al país adelante, junto con el campo y la minería. La cuestión es que, al haber tantos actores, es difícil saber quién es el interlocutor al que los empresarios van en busca de información para decidir sus inversiones”, consigna un artículo publicado ayer por el diario La Nación. 
En este sentido acotan que “este año ya está perdido. Las empresas deciden sus inversiones en octubre, tal vez se pueda salvar el próximo año, si se da una señal desde ahora hasta entonces”.
El incentivo que quería ofrecer el Gobierno era la implementación de la ley de hidrocarburos, “para poder llevar previsibilidad, estableciendo reglas claras e iguales para todos”, como dijo el secretario de Energía Sergio Lanziani cuando se reunió con las autoridades de Shell. Sin embargo, muchos dudan de que la ley vaya a ser finalmente tratada en sesiones extraordinarias, como les dijo el Presidente a los ejecutivos petroleros cuando los recibió en la Casa Rosada, hace tres semanas. Se habla, incluso, de que podría ser enviada al Congreso a mitad de año, luego de que se logre la reestructuración de la deuda pública.
El proyecto, cuyo autor intelectual originario había sido Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su ala a la Secretaría de Energía. En la cartera que dirige Kulfas dijeron que en los últimos meses se juntaron con todos los actores, empresarios y sindicalistas, y sobre la base de las necesidades planteadas y de los objetivos que tienen para el país están redactando el proyecto.
Poco parece haber quedado del borrador de Nielsen, que estaba centrado en dar fuertes incentivos fiscales para la producción no convencional de Vaca Muerta. La formación se expande por Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, pero no abarca Santa Cruz, la provincia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vaca Muerta tampoco es el negocio fuerte de dos importantes familias empresarias del país: los Eurnekian, dueños de Compañía General de Combustibles (CGC), y los Bulgheroni, accionistas de Pan American Energy (PAE). El nuevo proyecto estará centrado también en la producción convencional y en las áreas off shore, las exploraciones en el mar costa afuera.
Al momento, el sector todavía espera que se instrumente la Ley de Solidaridad, que prometía bajar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos del 12% al 8%.
Las marchas y contramarchas en el sector no se limitan solo al llamado upstream (la producción de hidrocarburos propiamente dicha). La primera señal de que Energía no iba ser un área fácil fue la orden del Presidente de frenar el aumento del precio de los combustibles que había dejado trascender YPF. Solo días antes Fernández había autorizado a Nielsen a aplicar una suba del 5%, pero no del 8%, como pedía. El incremento nunca llegó. Ahora, con la expansión del coronavirus y la baja del precio internacional del petróleo, el valor en surtidor está en equilibrio con el de paridad de exportación, tras varios meses de estar atrasado. Todavía queda avanzar en dos cuestiones: la actualización del impuesto a los combustibles y el precio de los biocombustibles, que también está congelado y afecta a la cadena de valor.
También en el artículo de La Nación, firmado por Sofía Diamante, recuerdan que “aún quedan varios organismos que dependen de Energía sin directores nombrados. Los más resonantes son el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que esperan las designaciones de los interventores que autorizó la Ley de Solidaridad Social.
Otras empresas del Estado, como Integración Energética Argentina (Ieasa, la ex Enarsa), encargada de administrar las importaciones de gas y de llevar el control de las construcciones de las represas de Santa Cruz, tampoco tiene un director asignado.
En tanto, el área de renovables es otra en la que todavía no ha habido muchos avances.
Así, hay varios aspectos más por tener en cuenta y por resolver a corto plazo, porque, como se dijo, se trata de un sector estratégico para la recuperación del país.