La oportunidad de la Corte Suprema

La vacante producida en el alto tribunal constituye una inmejorable ocasión para dar una clara señal de respeto por la independencia del Poder Judicial.

La reversión de la decadencia argentina requiere de un marco institucional que garantice el respeto del modelo trazado por la Constitución nacional en materia de derechos y garantías del ciudadano cuya garante final es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La renuncia presentada por Elena Highton de Nolasco, ha dejado una vacante por cubrir. De acuerdo con el decreto 222/03, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de 30 días para publicar en el Boletín Oficial el nombre y los antecedentes de la o las personas que se encuentran en consideración para la cobertura de la vacante. Sin embargo, ese plazo fue incumplido debido a las pujas dentro del oficialismo para seleccionar a la candidata.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte enfrenta una tarea de transformación tan urgente como ineludible, dirigida principalmente a intentar recuperar la confianza ciudadana en su labor y eficiencia.

Ante cualquier amenaza al régimen de división de poderes es obligación y facultad del supremo tribunal declarar la inconstitucionalidad de las leyes o actos del Poder Ejecutivo, un mecanismo esencial previsto por la Constitución en favor del sistema de “frenos y contrapesos” para el sano equilibrio republicano. Lamentablemente, son muchos los ejemplos de inacción de la Corte, cuando no de indebida tardanza en dar respuesta, frente a asuntos de la mayor gravedad constitucional.

Entre el juicio político promovido para remover a casi todo el tribunal por el primer gobierno de Perón y 2021, nuestra Corte Suprema vio desfilar a 74 jueces. En idéntico lapso, apenas 30 integraron el máximo tribunal estadounidense compuesto por nueve miembros.

En nuestra turbulenta historia, la tentación política de dominar la Corte ha sido recurrente. Las tramposas maniobras empleadas a tal fin contemplaron dudosos juicios políticos o apuestas al aumento del número de integrantes, sin que estos nefastos ardides hayan traído ninguna mejora, sino más bien todo lo contrario. Desde 1947, las sucesivas administraciones tuvieron cinco miembros, después siete, más tarde otra vez cinco, posteriormente nueve, para terminar de nuevo en cinco. Aquella “mayoría automática” que consiguió el presidente Carlos Menem fue también el sueño de otros presidentes que la buscaron sin éxito. La misma pretensión persiguió la facciosa comisión armada por el actual gobierno para sugerir nuevos cambios en la Corte. Escandaloso e inconcebible propósito por cuanto la integran, entre otros, abogados que defienden a exfuncionarios en casos de corrupción que, tarde o temprano, llegarán justamente a la máxima instancia judicial.

Los argumentos para promover los cambios se reiteran en cada intento, planteando todo tipo de excusas, generalmente vinculadas a la cantidad de causas, que terminan siempre en dos remedios, ambos peores que la enfermedad: aumentar el número de miembros o dividir el tribunal en salas.

Resulta no solo paradójico sino sobre todo cuestionable en términos morales que sea el mismo Poder Ejecutivo el que aliente la idea de ampliar el número de jueces de la Corte fundándose en la congestión que el propio Estado nacional produce. Basta mencionar de ejemplo que es el Estado el principal litigante en asuntos previsionales, con miles de causas indefinidamente abiertas, para postergar pagos o reajustes a jubilados que penan por los tribunales, esperando no fallecer antes de que la Justicia reconozca sus derechos.

Ante la actual vacante en el máximo tribunal, se abre para el Gobierno y el Senado una valiosa oportunidad de demostrar que esta vez estarán a la altura de la gran responsabilidad que la Constitución y la ciudadanía les han confiado.

Apelar a un faccioso criterio partidario, pensar en nombrar a alguien no por sus méritos sino por su condición de “militante”, echaría por tierra el desafío que tienen por delante y desoiría, una vez más, el reclamo ciudadano. Los efectos de sus decisiones y la responsabilidad que les cabe tendrá consecuencias en el tiempo pues, como dijo un ilustre jurista, si la Justicia anda bien, todo lo demás puede llegar a andar bien, pero si la Justicia anda mal, todo va a andar mal. La historia ha demostrado que estaba en lo cierto.