Sólo desagrado e indignación pueden provocar las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, formuladas en México, en las que descalificó las denuncias derivadas de los escandalosos privilegios que exhibieron ciertos funcionarios, sus familiares cercanos y amigos del poder político, quienes recibieron la vacuna contra el covid-19 sin el debido respeto del protocolo de turnos y prioridades.
Tras forzar la renuncia de Ginés González García al Ministerio de Salud de la Nación, el primer mandatario pareció amanecer anteayer furioso ante las repercusiones por la crisis derivada del proceso de vacunación VIP. Sin argumentos para esgrimir defensa alguna frente a tamañas evidencias y malos ejemplos, el Presidente debió haberse limitado a pedir perdón en nombre de todos los protagonistas del escándalo, a tratar de llevar tranquilidad a la población y a facilitar las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan. Pero, lejos de eso, acusó a los medios periodísticos, a la oposición y a la Justicia de montar “una payasada”, al tiempo que aseguró que no existe en la Argentina una sanción penal que castigue a quien “vacune a otro que se adelantó en la fila”.
Por varios motivos, asistimos a una declaración tan improcedente como vergonzosa. En primer lugar, porque el titular del Poder Ejecutivo nacional debería respetar la división de poderes y no indicarles a jueces y fiscales qué deben investigar ni opinar si existe o no delito en más de una decena de causas sobre las cuales ya está actuando la Justicia.
En segundo término, como presidente de la Nación y como profesor de Derecho Penal, debería tener presente el artículo 261 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua a aquel funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”, al igual que a aquel que “empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Si el Presidente le ha solicitado a la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, un plan de transparencia para la asignación de las vacunas es porque, obviamente, no ha habido transparencia en el proceso de vacunación hasta este momento. Se trata de una discusión terminada, ante la que sólo cabe pedir perdón a la ciudadanía.
Calificar, en cambio, de “payasadas” las denuncias sobre las comprobadas violaciones de un protocolo, que derivaron en que muchas vacunas fueran a parar a grupos de privilegiados por su cercanía política al oficialismo en lugar de ser destinadas a quienes verdaderamente más las necesitan, es una falta de respeto a la inteligencia ciudadana. También hieren el sentido común otros pretextos esgrimidos por representantes del Gobierno nacional, como señalar que hay “personal estratégico del Estado” que requiere ser vacunado antes que cualquier otra persona que se encuentre dentro de los grupos más vulnerables o en la primera línea de combate contra el coronavirus.
Entre muchos otros pretextos similares son inaceptables los argumentos expuestos por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en defensa de que se les haya aplicado la vacuna al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y a su esposa.
Una de las tantas historias de las hazañas de Alejandro Magno da cuenta de que, unos 300 años antes de Cristo, su ejército cruzaba el desierto de Gedrosia, situado en el actual Paquistán, para combatir a los persas. Agotadas y sedientas sus tropas, un grupo de soldados logró recoger algo de agua en un pequeño oasis y llenó un casco que le fue acercado a Alejandro. Este, sin beber un sólo sorbo, derramó el agua en la arena del desierto y dejó una frase ejemplar: “Demasiada para uno solo, demasiado poca para todos”. Compartiendo así la angustia de sus hombres, Alejandro Magno dejó un mensaje que nos invita a distinguir entre la grandeza de algunos y las miserias de otros.
El escándalo en torno de la distribución de las vacunas nos remite a esa anécdota y nos habla de la miserabilidad de algunos, entre quienes se encuentran precisamente los que deben velar por garantizar la salud de la población, pero que han sucumbido ante la naturalización de la impunidad del acomodo, el amiguismo político y el despotismo para usar los bienes del Estado como propios.
¿Te gustó la nota?
Ranking
Comentarios