La vacunación contra el covid-19 se convirtió en el último año en una herramienta eficaz de la salud pública para afrontar la pandemia sin sobrecarga del sistema de atención. La ecuación es favorable a todos: se evitan muertes y además, se alivian gastos que dejaron exhaustas las arcas de los estados y de un sector del mercado que se vio oprimido por el embate de la enfermedad.
Ahora, el debate gira sobre la conveniencia de vacunar a toda la población más allá de la aplicación voluntaria que es ley en el país.
Desde la bioética, el especialista, Fishel Szlajen ofreció cinco pautas para hacer que la inmunización inyectable sea obligatoria, en una columna de brillante lucidez aparecida en Infobae.
Y señala: “Si bien los fallecimientos o internaciones hospitalarias por covid-19 son mitigados por el esquema vacunatorio como medio más efectivo para restaurar la normalidad en la vida civil, resulta fundamental garantizar una tasa de vacunación lo suficientemente alta para lograr lo más rápidamente la inmunidad colectiva, evitando el surgimiento de nuevas cepas dominantes.
Así, no solo todos los países deberían tener suficiencia vacunatoria, sino que, en aquellos sin escasez de vacunas, una opción para aumentar la eventual poca aceptación es su obligatoriedad”.
“Contrariamente a lo escuchado por varios comentadores en diversos medios, si bien las vacunas disponibles en su gran mayoría aún están aprobadas de emergencia, salvo algunas ya autorizadas definitivamente, esto no mella desde la bioética el poder considerarlas como obligatorias”.
(...) “La primera pauta es la existencia de evidencia que, en este caso, el covid-19 no estuviera adecuadamente controlado entre la población mediante otras medidas, como tests de rastreo o aislamientos, mostrando tendencias crecientes y sostenidas de nuevos casos, hospitalizaciones o fallecimientos, haciendo del patógenos una amenaza constante”.
“La segunda es la evaluación en un tiempo limitado de que la aceptación voluntaria de la vacuna entre los grupos de alta prioridad no haya alcanzado el nivel requerido para prevenir la propagación de la pandemia.
Aquí, los costos de un adecuado plan de vacunación voluntaria pero que resulta finalmente fallido, son lo suficientemente altos como para limitar el intento a semanas, máximo algunos meses”.
“La tercera es la enfatizada por expertos como Sarah Schaffer DeRoo y Kathryn Edwards, basada en la obtención de la mejor evidencia disponible y respaldo probatorio respecto de la seguridad y eficacia de la vacuna más su comunicación de forma transparente a la población sujeta a tal obligación.
Para el caso del covid-19, dicha población bien podría priorizar ancianos, profesionales de la salud, personal de seguridad y militares en servicio activo, personas de alto riesgo por comorbilidades o que trabajan con pacientes de alto riesgo, incluyendo poblaciones de alta densidad o hacinamiento”. “La cuarta pauta es que el Estado garantice la infraestructura y suministro en tiempo y forma de la vacuna a los grupos de población sujetos a la obligación, sin obstáculos logísticos ni económicos.
De lo contario, imponer tal requisito antes de asegurar el abastecimiento y acceso adecuado resulta injusto provocando controversias y alienando a la población, tal como ocurrió en 2009 con la vacuna contra la influenza H1N1 para los trabajadores de la salud en Estados Unidos”.
“La quinta y última es que el Estado debe crear un programa de compensación para quienes tengan efectos adversos o lesiones graves por la vacuna declarada obligatoria.
Vigilando, además, eficaz y permanente en tiempo real, todo efecto secundario mediante un sistema de notificación para reconsiderar las decisiones de la obligatoriedad a medida que evoluciona masificándose la vacunación”.
Y concluye en que “el problema en Argentina, más moral que bioético, continúa siendo la frecuente opacidad en las decisiones políticas, falta de integridad y responsabilidad de numerosos funcionarios, más la consecuente extendida desconfianza en el sistema por parte de la población.
Esto hace que la eventual necesaria implementación y control de aquellas pautas estaría a cargo de burócratas mayormente disfuncionales a una república y estado de derecho, y en un contrato social quebrado”.
