Una relación estrecha entre la falta de recursos y de ideas con la creación de nuevos impuestos parece ser el sello de los tiempos que corren.
En la madrugada de su aprobación en Diputados, el presupuesto 2023 sumó, por diferencia de un voto, la creación de un nuevo impuesto a los pasajes aéreos para vuelos de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos argentinos.
La diputada camporista Paula Penacca, quien presentó la idea, explicó que dicho cargo se cobró hasta 2005, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reemplazó a la que dependía de la Fuerza Aérea. De monto fijo y ligado al sueldo de una categoría del personal de la PSA, el cálculo permite estimar que no superará por ahora los 250 pesos. De todos modos, más allá de que el valor pueda o no ser significativo, la cuestión de fondo es que los más de 170 diferentes gravámenes –cifra récord en el mundo–, sumados a los que se sigan diseñando, serán siempre insuficientes para paliar el creciente déficit fiscal.
La tarifa base de un pasaje internacional emitido localmente pasará a sumar un 107 % de impuestos y retenciones, derivando en el disparate de que el pasajero abonará más de impuestos que de tarifa limpia. Esto ya venía siendo así, pero con la sanción del nuevo presupuesto se agravaría aún más la diferencia.
En un vuelo local, a la tarifa se le suman el IVA, la tasa aeroportuaria y las tasas del concesionario, la de la Anac y la de la PSA, además de los cargos provinciales. En un vuelo internacional, con una tarifa que ronde los 85.000 pesos el comprador abonará unos 190.000 pesos adicionales de impuestos, cargas y tasas, incluidos los impuestos Pais, del 30 %; la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias, del 45 %; la nueva percepción a cuenta de Bienes Personales, del 25 %; el impuesto del 7 % de turismo, y cuatro tasas: la de Aeropuertos Argentina 2000, de 57 dólares; la de Migraciones, de 10 dólares; la de la Anac, de 8 dólares; y, en el futuro, la de la PSA, de hasta 250 pesos. Todo esto, sin sumar que el pago en efectivo supone un 5 % adicional y un 1,2 % de impuesto a los débitos y créditos.
Las líneas aéreas, que ya pagan privadamente por servicios de seguridad como los de escaneo de valijas, ven incrementarse los precios de sus boletos con estos cargos. Nada de esto ocurre en mercados aerocomerciales vecinos. La asociación que agrupa a las aerolíneas de Latinoamérica y Caribe (Alta) señala el triste récord argentino de imponer la mayor carga tributaria de la región. Tratándose de una demanda sumamente elástica, ligada a que más del 80 % de los viajes en la región son por turismo, el impacto de estas medidas se hace sentir.
Los esfuerzos de los operadores turísticos por promover la cantidad de vuelos y los beneficios de la actividad en la región se desmoronan y hoy alertan sobre los efectos de estas disposiciones. La ausencia de reglas claras y estables que caracteriza a esta gestión de gobierno carga también contra la industria del turismo, que mueve millones y genera trabajo. Detrás del ideologizado concepto de castigar a los “privilegiados” que aún pueden viajar por placer, quedan quienes viajan por trabajo o por cuestiones de salud. Ni que hablar de todos aquellos que ven complicada la posibilidad de reunirse con sus familiares eyectados por la situación local en busca de oportunidades en el exterior.
Cabe preguntarnos qué podría llegar a pasar si, como ocurrió en 2020, el Poder Ejecutivo ordenara el cese de la actividad aérea. En este caso, los 250 pesos no serían percibidos, pues no habría venta de pasajes. Si ese fuera el caso, ¿desfinanciarían a la PSA, le recortarían los recursos? Se advierte fácilmente que estamos ante medidas desesperadas e ilógicas que buscan tapar agujeros exprimiendo aún más al sufrido contribuyente argentino.
Nunca está de más recordar que la voracidad fiscal es consecuencia de la falta de un plan.
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