Las criptomonedas, también llamadas criptodivisas o criptoactivos, son un medio digital de intercambio que cumple la función de una moneda que utiliza métodos precisamente criptográficos para asegurar transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos.
El funcionamiento de las criptomonedas se basa en el “blockchain”, o cadena de bloques, una tecnología en la que son los propios miembros quienes certifican las operaciones. Este mecanismo actúa como un libro de contabilidad en el que se registran las operaciones con programadores independientes como verificadores. De esta forma, las transacciones no pasan por un único lugar central, sino que se aprueban desde diferentes sitios.
Es evidente que con la creciente digitalización del mundo, las criptomonedas se han convertido en activos muy atractivos para los inversores. No obstante, debe mencionarse que estos instrumentos digitales entrañan amenazas que no pueden tomarse a la ligera. En un sistema regido por el anonimato, se caracterizan por una enorme volatilidad que los convierte en elementos altamente peligrosos, capaces de desaparecer a la misma velocidad a la que emergen y facilitando también el lavado de activos.
La trazabilidad de este dinero es hasta aquí imposible y la falta de regulación sobre su uso, junto con su carácter anónimo, hace que nadie sepa muy bien quién o qué hay detrás de un negocio. La falta de regulación y la alta volatilidad de las criptomonedas atrajeron a especuladores, estafadores e inversionistas temerarios, que han hecho del mercado una rueda de ruleta instalada sobre un vagón de montaña rusa.
Pero no todo el mundo ve los riesgos. Mientras que China ha prohibido el bitcoin, El Salvador lo ha adoptado como moneda de curso legal. En el Chicago Mercantile Exchange ya se cotizan futuros sobre el bitcoin y en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido inversiones en criptomonedas. El organismo regulador norteamericano, la Security Exchange Commission, también ha autorizado un primer fondo cotizado de bitcoins.
El 2022 ha sido un año de vértigo para los tenedores de estos activos digitales y se perfila como un año negro en este negocio que aún resulta confuso no solo para la gente común y corriente, sino incluso para algunos profesionales de las finanzas. La quiebra de la segunda compañía de intercambio de monedas digitales más grande del mundo, FXT, dejó más de un millón de personas sin ahorros y produjo un contagio que se expandió a otras empresas semejantes, extendiendo la desconfianza en todo el sector.
Es cierto que las innovaciones del mercado van en muchos casos por delante de la capacidad reguladora de los gobiernos, pero los peligros asociados a esta actividad económica justifican la urgencia de una nueva legislación que permita llenar el vacío legal existente. La falta de regulación agudiza el problema y la crisis de confianza amenaza a todo el sistema.
La regulación de los criptoactivos debe atender la realidad del mercado y el desarrollo de estas nuevas tecnologías para evitar riesgos de interpretación como resultado de una regulación inapropiada. Es necesario facultar a las autoridades competentes para el dictado de normas que garanticen sin demoras la legalidad y transparencia de este tipo de operaciones.
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