Amparo judicial para evitar la usurpación de tierras en la reserva Santa Catalina

Buscan evitar la usurpación de la reserva natural de Santa Catalina. La defensoría de vecinos de Corrientes y la organización Guardianes del Iberá presentaron un amparo ante la Justicia para evitar que una persona se apropie de las 95 hectáreas que le corresponden al patrimonio municipal. 

En el año 2012 el Gobierno nacional donó al municipio 2.387 hectáreas que componen el predio ubicado en la zona sur de la capital correntina. Al año siguiente, la Comuna puso en marcha el proyecto urbanístico de Santa Catalina. Este comprende la reserva natural que ocupa 95 hectáreas linderas al río Paraná y el arroyo Pirayuí. 

El defensor de los vecinos de la Ciudad de Corrientes, Agustín Payes indicó a El Litoral: “Hay una usurpación por parte de una persona que alega tener derechos y reclama 35 hectáreas que supuestamente le fueron cedidas. No cuenta con los papeles correspondientes y le dieron la posibilidad de ingresar al predio igual”.

Antes de que este predio sea otorgado a la Municipalidad, en el 2003, un hombre de apellido Giguer presentó un plano de mensura en Catastro, en el que estableció que 35 hectáreas de las que hoy ocupa la reserva eran de su pertenencia. 

En el 2005 se inició un juicio de prescripción adquisitiva ante el Juzgado Federal. Sin embargo, siete años más tarde, cuando la titularidad del predio pasó a dominio municipal, comenzó a ocuparse del expediente el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la doctora Sonia Filipigh.

La causa se trabó por diferentes motivos y, en 2012, Giguer le cedió los derechos a otro particular, de apellido Sotelo, quien obtuvo una medida cautelar por parte de la jueza Filipigh. Esta medida permite que Sotelo pueda ingresar a la reserva con personas, vehículos y materiales. 

Este accionar es el que rechazan la Defensoría de Vecinos y la organización de Guardianes del Iberá, se trata de un juicio de prescripción adquisitiva, es decir, de usurpación. Como antecedente, ya se había probado que esas tierras no tenían propietarios, sin embargo con la medida cautelar le otorgan la oportunidad de que esta persona haga modificaciones en el inmueble.

El área de conservación se encuentra en el medio del predio. Las 35 hectáreas que Sotelo reclama como propiedad están rodeadas por otros espacios que les pertenecen a la Municipalidad. Lo que indica que para que esta persona pueda ingresar a ese sector, deberá pedir que se realicen demarcaciones de calles. 

Payes explicó a El Litoral: “La reserva está deshabitada, solo hay vegetación autóctona que se encuentra en el medio rodeada de lo que es el predio municipal. Para acceder tiene que pedir que hagan una entrada especial”.

La reserva natural es un espacio rico en biodiversidad que se incorporó al inventario de bosques nativos de la provincia hace 12 años en el que conviven más de 20.000 especies de plantas. Es un área que fue restaurada y actualmente está preservada, debido a que por años sufrió la tala indiscriminada. Cuenta con senderos para excursiones, paneles informativos sobre flora y fauna, y el espacio puede servir como campo para estudios científicos.