Investigación en el juzgado federal: inició el juicio con cinco acuerdos de penas

Comenzó este martes el juicio a exfuncionarios del Juzgado Federal 1, un grupo de abogados y otro de narcotraficantes, acusados de conformar una asociación ilícita para cobrar y pagar coimas a cambio de alivios procesales a contrabandistas de Itatí y  cinco de los acusados acordaron penas de entre cinco y dos años de prisión en procesos abreviados convenidos con la fiscalía, informaron fuentes judiciales.

Quienes firmaron juicios abreviados con el fiscal Carlos Schaefer son los contrabandistas de Itatí Carlos "Cachito" Bareiro, a 3 años y ocho meses de prisión; Sebastián "Morenita" Marín, a cuatro años y cuatro meses y Pablo Torres, a tres años y 6 meses.

Asimismo acordaron los abogados Jorge Vallejos, -también ex policía federal-, por cinco años y seis meses de prisión y Omar Antonio Serial, a dos años y ocho meses de prisión, que se suman a condenas previas en causas vinculadas a asociación ilícita y narcotráfico por las que ya cuenta en su legajo con tres y seis años de prisión.

En ese sentido, fuentes del ministerio público explicaron que, salvo Vallejos sobre quien recae su primera sentencia, los demás tendrán cómputos de penas ya que están condenados en otros juicios por narcotráfico. Así es que Torres permanece alojado en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco, y Bareiro y Marín, en la prisión de Marcos Paz.

La causa es llevada adelante por el Tribunal Oral Federal de Corrientes con los jueces Juan Manuel Iglesias (de Chaco), Rubén Quiñónez (de Formosa) y Manuel Moreyra (de Misiones) ante quienes compareció el ex juez Carlos Soto Dávila, sus ex secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina, como así también los abogados del foro local Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione  y el exintendente de la ciudad de Empedrado, Juan Manuel Faraone.

El caso, en el que se investigan las supuestas coimas pagadas por narcotraficantes en busca de alivio procesal, se inició en el Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, por entonces a cargo de Sergio Torres y recayó en el fiscal Carlos Stornelli, quien actuó junto con el jefe de la procuraduría de narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quien a su vez, participa de este juicio con Schaefer y Mariano Uriona, entre otros, en representación del ministerio público.

En el inicio del juicio se leyó la acusación a los imputados que permanecen en el debate y se hiló una serie de planteos de nulidad: desde el origen de la causa con sumarios que la abogada defensora Valeria Corbacho calificó de "secretos" e "ilegales", hasta la ausencia de "pruebas directas" que la letrada Mariana Barbitta expuso en defensa de Soto Dávila.

"No hay en todo el expediente una sola escucha telefónica a Soto Dávila ni con los abogados acusados de pagar coimas, ni con sus secretarios, que marque una evidencia de esto; además, esto llega hasta aquí en violación al principio del juez natural, ya que no debió tener competencia en esta jurisdicción el juez (Sergio) Torres", manifestó el letrado Juan Francisco Soto Dávila.

Vale señalar, la audiencia concluyó a las 21,40 con un planteo de recusación por parte de la defensora de Pablo Molina hacia los fiscales intervinientes, sobre la base de supuestas violaciones a los principios de objetividad y de buena fe.

Tanto esta recusación, como los pedidos de nulidad, quedaron a resolver por el tribunal.

Está previsto que la próxima audiencia se concrete el 29 de junio venidero, en tanto que se prevé que el ex magistrado declare en julio próximo, explicaron.