En la última década, la corrupción se extendió en América Latina a niveles prácticamente sin precedentes a tal punto que comenzó a convertirse en uno de los temas prioritarios en la agenda de la región. Durante el año pasado, la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo, según el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción.
El informe, publicado conjuntamente por Americas Society/ Council of the Americas (Ascoa) y Control Risks evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, sobre la base de datos disponibles públicamente, y de una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de periodistas a la hora de investigar.
Por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre los tres primeros lugares como lo hacen desde 2020. Guatemala, Argentina, Brasil y México, en tanto, registraron retrocesos en la lucha contra la corrupción. Venezuela y Bolivia siguen en el fondo de la tabla, catalogados como los países con peores desempeño en ese ranking.
Respecto de la Argentina, el informe señala que la percepción de un aumento de la politización del Poder Judicial y de las instituciones anticorrupción durante la administración del presidente Alberto Fernández contribuyó a una caída del 7% en la puntuación de la capacidad legal del país.
La controvertida reforma judicial que el gobierno nacional ha intentado en más de una oportunidad, la ofensiva contra los miembros de la Corte Suprema y su faraónico proyecto de elevar el número de sus miembros a 25 no hacen más que fortalecer la sospechas que indican que el objetivo de esas iniciativas es colonizar la Justicia para garantizar la impunidad de la vicepresidenta y de muchos otros funcionarios y exfuncionarios.
En agosto de 2020, miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron destituidos, poniendo en duda la independencia del organismo, ya que la mayoría de esos funcionarios tramitaban investigaciones sobre funcionarios públicos.
Dos meses después, la Oficina Anticorrupción (OA) se retiró como litigante en los casos penales que involucran a funcionarios y exfuncionarios. Con posterioridad, en una decisión tan inexplicable como escandalosa la OA desistió de seguir siendo querellante en la causa Vialidad –cuyo juicio oral está previsto que comience en los próximos días–, que se instruye contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de Planificación de su gobierno y el pseudoempresario Lázaro Báez.
Como el narcotráfico, la corrupción se asimila a una gran masa de aceite que se expande e infiltra con un inmenso poder destructivo en los poderes públicos de un país, horadando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y con el serio riesgo de que, de tanto naturalizarla, se vayan perdiendo los escrúpulos éticos y extinguiendo las demandas de imprescindibles controles.
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