Aunque guarda su estrategia bajo siete llaves, sin querer que nada se filtre, nadie duda en Comodoro Py que el fiscal federal Diego Luciani, a cargo del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez, prepara artillería pesada para la hora de su alegato que comenzará en agosto, al regreso de la feria invernal.
Ya se bajaron los organismos del Estado que eran acusadores privados y llegaron al juicio oral en la época de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción se retiró del juicio antes de los alegatos y ahora la Unidad de Información Financiera anunció ayer que no acusará a la exjefa de Estado ni al resto por la “orfandad probatoria” del debate. Luciani, entonces, será el encargado de repasar las pruebas que se obtuvieron en instrucción y se reprodujeron en el juicio oral para evaluar sus pedidos de pena.
Tal como lo expusieron en su elevación a juicio los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, esta causa está relacionada directamente con otras investigaciones que tienen como protagonista a la expresidenta: los retornos que llegaron a través de Hotesur y Los Sauces, con el alquiler de propiedades a empresas de la familia Kirchner.
(FB)
