A lo largo de la historia reciente son innumerables las burdas designaciones en cargos públicos de personas que no cuentan con la capacitación, la pericia o la experiencia para desempeñarlos. Hemos comentado recientemente los amañados concursos dentro del Estado, como los últimos aprobados por Silvina Batakis durante su efímera gestión como ministra, cuyo objetivo fue pasar a planta permanente a una gran cantidad de personas que ya cobraban un sueldo de las arcas oficiales. En otras oportunidades, opinamos sobre los escasos o nulos pergaminos de ciertos funcionarios para desempeñarse en áreas que requieren conocimientos específicos. Hoy nos ocupa —y preocupa— un hecho gravísimo ocurrido recientemente en Santa Cruz: la designación de un amigo de Máximo Kirchner en el Superior Tribunal de Justicia provincial, un abogado que nunca ejerció la abogacía, a pesar de que la Constitución del distrito exige, como mínimo, seis años de experiencia.
Se trata de Fernando Basanta, militante de La Cámpora, aportante de la campaña de Alicia Kirchner a la gobernación en 2015 y exfuncionario de su gobierno. Tiene 42 años y se recibió de abogado a los 34.
Basanta, quien no se encuentra matriculado en la provincia, logró integrar el más alto tribunal de Justicia de Santa Cruz por decisión de la mayoría legislativa del Frente de Todos, que hizo una interpretación constitucional calificada de ilegal por la oposición. Los camporistas amigos del ahora juez sostuvieron que bastaban los cuatro años que ejerció como ministro de Gobierno de Alicia Kirchner y otros dos como fiscal de instrucción de Río Gallegos para llegar a los seis requeridos. Votaron a favor 16 miembros del Frente de Todos de un total de 24 diputados de la única cámara encargada de elaborar las leyes de la provincia.
Los diputados de la oposición ni siquiera pudieron expresar su postura antes de la votación, dado que el oficialismo en la Cámara consideró que “ya se habían expresado por los medios”, una mentira que va en línea con la tan absurda como nefasta postura de la líder nacional del camporismo, Cristina Kirchner, cuando denuncia un lawfare a todas luces inexistente y la emprende contra fiscales y jueces que la investigan por corrupción, contra dirigentes opositores y contra el periodismo independiente. Lo ocurrido en Santa Cruz es, en definitiva, lo que el matrimonio Kirchner, en todo momento, pretendió extrapolar a la Nación: una Justicia adicta con el fin de garantizarse impunidad eterna.
“Acá se pregona una Justicia de calidad e independencia y se deja de lado a la doctora [Marcela] Ramos, con más de 20 años en la actividad judicial”, expresó el diputado Gabriel Oliva, de Encuentro Ciudadano. Por su parte, el radical Daniel Roquel denunció el objetivo del oficialismo para “adoctrinar a los jueces, que sepan que el poder político gana la pulseada siempre”.
Numerosos entendidos en derecho constitucional criticaron con dureza lo ocurrido en Santa Cruz. Uno de ellos fue el constitucionalista Daniel Sabsay, quien opinó que se trata, lisa y llanamente, de “una violación clara de la forma republicana de gobierno, un hecho escandaloso que pisotea la Carta Magna” y que no se recuerda “afrenta más grave a la Justicia en violación de las normas. Todo vale para comprar impunidad”.
Una forma de actuar que tristemente no es nueva en el país ni en la provincia, basta recordar la destitución del procurador Eduardo Sosa, y que nos demanda, como sociedad, un enorme compromiso con la vida institucional, participando activamente de los reclamos de transparencia y apoyando a la infinidad de fiscales y jueces honestos que ponen todo de sí para impartir justicia sin ser atropellados por lo peor de la política.
