Se reanudó ayer el juicio del caso Vialidad, que tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner, con un nuevo alegato de las defensas. Fue ayer el turno del abogado Luis Alonso Martínez, que expuso durante casi tres horas en su rol de defensor de Mauricio Collareda, extitular de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz entre 2008 y 2015. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Collareda una pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta al considerarlo un eslabón clave en la presunta cadena de irregularidades en la obra pública que favoreció al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
“Mi defendido no tuvo intervención relevante en los hechos. La acusación es infundada y contradictoria. No tuvo relación con Lázaro Báez y no trabajó en ninguna de sus empresas. Hay un ensañamiento”, señaló Martínez sobre Collareda al comienzo de su argumentación. Y agregó: “El distrito 23 [Santa Cruz] no contaba con los recursos ni inspectores suficientes para hacer los controles”. En todo momento buscó demostrar que Collareda no administró dinero de la obra pública y que no tallaba en los procesos licitatorios.
“El distrito 23 tenía facultades de control muy limitados, pero no participaba de la adjudicación de las licitaciones. Esta situación era igual a la del resto de los distritos del país de acuerdo al informe de 2013. Collareda cumplió con los deberes propios de su caso en las condiciones en las que esos deberes estaban reglamentados. Y su conducta fue la correcta. De acuerdo a la auditoría de 2016, bajo la administración de Iguacel, se detalla que no se evidencian tareas sin ejecutarse. Collareda no tomó decisiones por las que supuestamente se direccionó la obra pública”, argumentó Martínez. Y agregó: “La situación de Collareda debería ser la de otros testigos. Se limitó a cumplir con sus funciones sin intención de beneficiar a ninguna empresa”.
Según la acusación realizada por el fiscal Luciani, desde Vialidad, Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia. En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100 % y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Martínez cuestionó a los fiscales y calificó de “disparate” la acusación contra su defendido. Sobre el cierre de su exposición, reforzó sus argumentos para dejar en claro que Collareda no administraba dinero ni tallaba en las licitaciones. “No tenía la custodia ni la administración de los fondos que supuestamente fueron mal gastados. Su intervención fue accesoria. La maniobra no le generó una ganancia económica ni un ascenso laboral ni en el Estado. No tuvo ningún beneficio personal”, señaló el abogado, que pidió, además, en caso de que su defendido sea declarado culpable, que el requerimiento de prisión fuera “condicional” y que no se tenga en cuenta “el pedido de decomiso”.
(AG)
