Continúa en la ciudad de Mercedes el juicio oral en el que se juzga la responsabilidad de 9 imputados en los asesinatos de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio “Milton” Canteros, de 64, ocurridos el 6 de agosto del año pasado durante una disputa por puestos de venta en el santuario del Gaucho Gil.
El Tribunal de Juicio presidido por el doctor Jorge Troncoso y los doctores Juan Manuel Muschietti y María Eugenia Ballara, en la jornada de ayer escucharon los alegatos de clausura de las defensas particulares y oficiales de Maximiliano Contreras, Carlos David Molina, María Magdalena Astarloa, Juan Ramón Rivero y un menor de edad al momento del hecho.
El doctor Guillermo Andrés Farquharson, defensa particular de Maximiliano Contreras, rechazó de plano la imputación de la fiscalía y la querella, y aseguró que los testigos no pudieron ubicar a su defendido en la agresión a Julio César Canteros. “Nadie vio que Contreras lo atacara”, sostuvo. Admitió que estuvo en el lugar porque trabaja allí desde los 8 años y su labor era trasladar personas hasta el predio, e indicó que no recibió órdenes de ninguno de los Astarloa. Los roces comenzaron con la llegada de esa familia al predio, unos diez años atrás, señaló. Ese día él escuchó ruidos y estruendos, luego gritos e insultos, para ver en forma posterior el inicio de una batalla entre dos bandos, reseñó. Para finalizar, solicitó la absolución de Contreras.
En tanto, Edgardo Gustavo Grimberg, a cargo de la defensa oficial de Carlos David Molina y María Magdalena Astarloa, expresó que estaba acreditado que se trató de “una pelea entre dos grupos diferenciados originada por un conflicto previo y que la pelea fue provocada”. Ratificó que la línea de investigación fue sesgada “a pesar del cúmulo de pruebas supuestamente probatorias”, los testimonios fueron parciales y contradictorios, y que “solo tuvo en cuenta lo que las víctimas señalaron y no se abarcó a todos los protagonistas que intervinieron”.
“No se pudo establecer la secuencia de los hechos ni cómo sucedieron, porque el lugar estaba a oscuras. Fue como una película borrosa”, además de indicar que se alteró el escenario, el cual no fue resguardado. Afirmó que la pelea no tenía el fin de matar a nadie sino de resolver los conflictos, “aunque alguno se extralimitó”. Sin embargo, “cada uno defendió su vida, sus intereses familiares y particulares”. Negó el ensañamiento: “Fueron diferentes personas en el fragor de la pelea”.
En relación a su defendida, agradeció al Tribunal el trato que se le dispensó por haber sido madre durante el debate, dijo que se puso a disposición de la Justicia de modo inmediato porque no tenía nada que esconder, y que mantuvo de modo coherente la versión de su relato. En ambos casos, solicitó la absolución de sus defendidos.
Por su parte, la defensa oficial de Juan Ramón Rivero y un menor de edad, doctora Julieta Lacroze, enfatizó que se estuvo frente a una pelea y no un asesinato planificado: y que eso quedaba probado por la cantidad de involucrados, por el tipo de lesiones de los acusados y de los fallecidos, y por el tipo de armas empleadas.
Recalcó que el canal de investigación “nunca fue objetivo” porque “solo se escuchó a las víctimas”. Dijo que hubo inferencias sesgadas y que las pruebas de Fiscalía se derrumbaban al no encajar en el corsé jurídico. “Después de un mes no sabemos cuál era plan orquestado, quién lo gestó o provocó. Lo que Fiscalía quería era corroborar su hipótesis con pruebas”, y los peritajes fueron “direccionados” en uno u otro sentido.
En el caso del menor de edad en ese momento, sostuvo que estaba en el predio porque trabajaba allí para subsistir, y aseveró que no poseía intereses en el lugar. “Pero no pudo ubicarlo en el ataque a Sergio Canteros”. Desestimó la alevosía y el ensañamiento, y recordó que uno de los peritos sostuvo que las cuchilladas pudieron haber sido asestadas por varios autores.
En relación a Rivero, tampoco pueden ubicarlo en el lugar del hecho salvo testigos interesados. “No aparece en los videos, no presenta signos de lucha, no se identificó el supuesto hierro que utilizó… Tampoco se valoró que de modo inmediato se presentó a declarar”.
En ambos casos solicitó la absolución de sus defendidos.
Asistió de modo virtual como en restantes oportunidades la doctora María Susana Galeano, jueza especializada en Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, quien debe estar presente ante una eventual responsabilidad de quien en el momento del hecho fuera menor de edad.
Queda pendiente el alegato de clausura del doctor Marcelo Hanson, que representa a María José Obes. La imputada se encuentra hospitalizada. La audiencia se retomará el lunes 12 a las 8 horas.
(NG)
