La confianza, una herramienta central para enfrentar la crisis, implica compromisos con respecto al futuro y, por lo tanto, es incompatible con los juegos de corto plazo que caracterizan a las pugnas electorales.
Desde 1998, cuando la convertibilidad comenzó a flaquear, el Gobierno de Carlos Menem reforzó su apuesta tratando de convencer a los ahorristas acerca de la sustentabilidad del “uno a uno”. Tras la asunción de Fernando de la Rúa, con el mismo propósito y cuando la desconfianza de los ahorristas alcanzaba límites extremos, se llegó a sancionar una ley de intangibilidad de los depósitos bancarios. Se pretendía suscitar confianza, pero la política no lo permitió.
Se invitaba a los tenedores de pesos a poner sus dedos en el marco de una puerta asegurándoles que continuaría abierta y que nadie la cerraría. Pero detrás de ellos se podía ver a Eduardo Duhalde y otros dirigentes del peronismo “para el cambio”, haciendo muecas burlonas al público con toda la fuerza del justicialismo detrás. Ante esa escena, nadie arriesgó sus dedos y ya sabemos lo que ocurrió después.
Esa imagen es similar al gesto impropio de Pablo Moyano en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se votó la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los asalariados. En compañía de Sergio Massa y otros líderes sindicales, el camionero no respetó la sacralidad del recinto, ni fue expulsado del lugar como hubiera correspondido. Ese gesto prepotente preanuncia los obstáculos que tendrá cualquier intento de estabilizar la economía argentina, salvo que gobernase el candidato allí presente, quien impulsó la medida y festejó en el palco con los sindicalistas.
La confianza es un valor precioso que no se brinda a quien quiere sino a quien puede. Implica revertir las expectativas en sentido positivo, pasando del círculo vicioso al círculo virtuoso. Cuando se logra, la moneda recobra su valor, el empleo regular se recupera frente al informal, las vidas familiares se ordenan, los niños van a la escuela y la violencia urbana se reduce. Se deja de hablar del dólar y el ahorro en pesos permite reestablecer el crédito doméstico.
La confianza es un viento a favor, que permite reducir el costo del ajuste fiscal indispensable para recuperar la moneda y eliminar la inflación. Llevar a cabo un ajuste sin confianza es un camino cruel que ahondaría la miseria al no contarse con recursos para morigerar su impacto, ni con expansión del crédito para reactivar al sector privado. Puro sacrificio, sin los beneficios del esfuerzo.
Sin confianza todo programa se convierte en gradual y de gradual pasa a “no están dadas las condiciones” y, luego, al archivo. Pues la dilación inicial reaviva reclamos que obligan a emparches y retrocesos. El gradualismo, por definición, mantiene controles en la esperanza de liberarlos más tarde. Pero por su propia lógica de distorsiones crecientes, en lugar de reducirlos, obliga a multiplicarlos.
No basta con saber de economía, como cree Milei. Ni tampoco con buena gestión, como piensan Schiaretti o Randazzo. Ni con apoyos internacionales, como pensó Mauricio Macri. Ni mucho menos con decir “primero la gente” y luego hundirla en la ciénaga de la pobreza. Para que haya un shock, las expectativas deben cambiar de forma abrupta ante un programa consistente y políticamente viable.
Para explicar qué es la confianza, bastaría preguntar a cualquier ahorrista o potencial inversor, cuáles serían sus temores a la hora de convertir dólares verdaderos, contantes y sonantes, en pesos a plazo fijo o enterrarlos en yacimientos, gasoductos, fábricas o autopistas. Por lo pronto, tendrían temor a medidas de corto plazo como impuestos novedosos, saltos devaluatorios o tipos de cambio diferenciales. Temerían a los corralitos y a los cepos, a los ahorros forzosos y a los bonos compulsivos. Y luego, como gran telón de fondo, a la falta de seguridad jurídica en cualquiera de sus modalidades: las extorsiones sindicales, los aportes compulsivos, la industria del juicio, la patria camionera, portuaria o fluvial. Las ventajas de competidores o sobreprecios de proveedores por manejos regulatorios. Temor a que los contratos no sean respetados si los tribunales no los aplicasen a rajatabla por razones ideológicas, políticas o por corrupción judicial.
La confianza implica una adhesión firme e irrestricta a las normas generales, sin gestión caso por caso, sin excepciones oportunistas, ni castigos extemporáneos. Tanto a nivel legal, como administrativo o judicial.
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