Penitencias light y connivencia

Un capo narco de Itatí se escapa de una prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y un colega suyo de la peligrosa Rosario diseña con detalles un plan de fuga con un helicóptero, mientras el líder de Los Monos tiene un sistema de comunicación interna en plena cárcel.

Ante ese panorama y una alarma encedida por los fiscales federales, pero que nadie escucha, el sistema penitenciario argentino parece no estar a la altura de las circunstancias que aquejan al país y que eclosionaron en Rosario.

Duele comprobar que la Argentina se está convirtiendo en un paraíso para el narcocrimen. Pero más doloroso aún es que quienes tienen hoy el deber de gobernar hagan hasta lo imposible por seguir garantizando la libertad de movimientos de jefes del narcotráfico, en lugar de velar por la seguridad de la población.

Lo dicho no requiere mayores pruebas cuando ha tomado estado público que una enorme parte de los graves delitos registrados en Rosario, y que se han cobrado la vida de numerosas personas inocentes, incluidos niños, han sido ordenados desde las cárceles en las que se alojan reconocidos líderes de peligrosas bandas vinculadas al narcocrimen.

Se trata de unidades penitenciarias donde los presos pueden utilizar teléfonos celulares y estar conectados por WiFi con sospechosa libertad. Algunos de esos dispositivos les son vendidos por personal del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que, por si fuera poco, vio desmantelada la oficina de inteligencia criminal en las cárceles, por lo que perdió toda posibilidad de controlar conversaciones telefónicas entre los jefes del narcotráfico detenidos.

Las autoridades nacionales y los responsables de este verdadero disparate deben hacerse responsables.

Recientemente, la Procuración General de la Nación exhortó al impresentable ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos tendientes a erradicar el uso de teléfonos celulares por detenidos en las unidades penales federales, a colocar inhibidores de señales en los pabellones carcelarios y a cumplir la ley que, desde 2017, prohíbe que los presos tengan celulares en su poder.

Sin duda, alguien debe hacerse responsable. Principalmente, funcionarios como la titular del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, más preocupados por concederles los beneficios de la prisión domiciliaria a peligrosos delincuentes con el pretexto de que se debe superar el problema de la superpoblación carcelaria.

Con la pandemia de coronavirus, además de concederse las prisiones domiciliarias de no pocos presos peligrosos para la sociedad, los servicios penitenciarios bonaerense y de otras provincias permitieron el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles, para que los detenidos pudiesen estar en contacto más asiduo con sus familiares. Pero esta medida no fue admitida por el SPF, por lo que los celulares que están siendo empleados en las cárceles federales por los presos han ingresado en forma ilegal, merced a la complicidad de los agentes y al relajamiento de los controles.

La razón de la histórica falta de convicción de los gobiernos a la hora de enfrentar el problema que plantean la inseguridad y, más recientemente, el narcoterrorismo que castiga a una zona cada vez más amplia de nuestra geografía, puede pasar por simple incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad.

Si bien es factible que el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado haya infectado las arcas de parte de la dirigencia política, al igual que de las fuerzas policiales y de no pocos miembros del Poder Judicial, es indudable que, por el hecho de haber gobernado durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo no está en condiciones de eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia. Es indispensable que quienes hoy se hallan al frente de áreas tan sensibles del gobierno tengan la dignidad de reconocer sus errores.