Jubilados, la inocencia culpable

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral

“Sergio Massa: no les robes más a los jubilados”

Graciela Ocaña

El discurso de mejora de las prestaciones jubilatorias dado por Massa días pasados, chocó de frente con la realidad. El tigrense termina de obligar a la Anses a desprenderse de los bonos en dólares y cambiarlos por bonos en pesos, con la descapitalización que ello supone.

No es sino un manotazo de ahogado más que el Gobierno da para descargar en los jubilados los principales costos de la crisis económica. Primero fue la estatización de las Afjp proyectada por Massa y concretada por Boudou, que llevó todos los ahorros de los jubilados a la caja estatal.

Hoy, a la confiscación de 2008 de los ahorros en dólares de los jubilados (Afjp), le agrega su pesificación obligatoria, lo que sepulta definitivamente el futuro de la clase pasiva.

En ese camino de deterioro de las prestaciones previsionales, no puede dejar de mencionarse el veto de Cristina al 82% móvil en 2010, a pesar de que hoy ella goza de dos beneficios previsionales que alcanzan los 9 millones mensuales.

Tampoco olvidar sendas fórmulas de cálculo de incrementos en las jubilaciones, una con Macri, la otra con Fernández, que les hace correr a las pasividades muy por detrás de la inflación.

Puede decirse que la mayor estafa cometida en perjuicio de los jubilados fue la estatización de las Afjp, que incorporaron a todos los aportantes al “sistema estatal de reparto”, en beneficio de un gobierno que engordó la caja de la política con esos ahorros. Massa y Boudou lo hicieron, Néstor y Cristina fueron los beneficiarios políticos.

Además de los zarpazos que el estado realiza en los fondos de la Anses, que le ha quitado recursos y llenado de papeles de exiguo valor, el sistema estatal de reparto condena a quienes se jubilan, a incorporarse a la larga fila de los mendicantes que se reparten las migajas de un monto escaso.

¿Por qué? Simple. Con las Afjp, cada uno tenía su ahorro en función de sus propios aportes. Hoy, hay una sola caja, totalmente indiferenciada, el gobierno reparte “lo que hay”, o lo que queda. Nos hicieron creer que la socialización de las prestaciones jubilatorias introducirían justicia al sistema: negativo. Lo que hicieron fue empobrecer a todos los jubilados, salvo a algunos.

Cómo si ello no fuera suficiente, la demagogia populista sigue incorporando nuevos beneficiarios al sistema, con personas que no han contribuido con el mismo. La última, días pasados, que de un plumazo incorpora a 800.000 nuevos jubilados sin los aportes necesarios.

Hoy por hoy, de los casi siete millones de pasivos, el 53% son personas jubiladas por la bondad kirchnerista, sin los aportes que realizan el común de los mortales. ¿Tienen ellos la culpa? Obvio que no, la tienen los que hicieron un sistema prebendario por sobre el mérito, el esfuerzo y los aportes.

¿Y por qué hablamos en el título de que los jubilados son los inocentes culpables?, un oxímoron casi inexplicable. Sencillo: el gasto previsional es casi la mitad del gasto (43,7% en el presupuesto 2023), significa el de mayor impacto en el déficit estatal con casi cinco puntos del PIB. Inocentes porque nada tienen que ver con las decisiones desastrosas de los gobiernos, culpables porque son los que generan el mayor porcentaje de gastos del Estado con sus magros haberes.

¿Y entonces? Entonces, la cuestión comenzará a solucionarse en la medida que las políticas públicas comiencen a ser realistas y eliminan el veneno demagógico del pan para hoy y hambre para mañana, o el igualitarismo populista de pobres pero iguales (salvo los gobernantes).

El mayor daño que el populismo le ha hecho a la sociedad es crear la ilusión de que se puede vivir sin trabajar garantizado como derecho y que pueden utilizarse los servicios públicos sin pagar por ellos. Obviamente, ello tiene un límite, hemos ya llegado a él. Las cuentas no cierran, los sueldos y jubilaciones están por el piso, la infraestructura eléctrica hace agua, la máquina fabrica billetes y pobres, y sigue y suma.

Lo propio sucede con las jubilaciones. Generosos, los gobernantes jubilan a todos, pensando que una jubilación regalada es un voto, sin tener en cuenta que están condenando a los verdaderos aportantes a tener ingresos de hambre. Y así estamos.

A fuerza de rigor analítico, debo decir que hay dos problemas con los jubilados: uno sistémico y el otro instrumental, ambos con pronóstico malo.

El primero, nos hace referencia al requerimiento técnico de tener entre 3 y 4 activos aportantes por cada jubilado. En la Argentina, hoy tenemos apenas 1,4 aportante por cada persona en pasividad. El alto grado de envejecimiento de la población, la demagogia de jubilar a todo el mundo, la caída constante de trabajadores en blanco, convierte al sistema de reparto en una farsa.

Las jubilaciones se sostienen no sólo con los aportes, sino también con impuestos (sistema mixto). Se suma el achatamiento de la escala: muchos que ganan poco, sin tener en cuenta la historia de su vida laboral. O sea que tenemos un grave problema, un sistema que va rumbo al colapso.

El segundo, es una dificultad instrumental, más autóctona, un gobierno de reyes magos que sigue entregando jubilaciones sin aportes y la pésima gestión económica que hace que los empleos en blanco, que son los que aportan, vayan en caída libre.

En el ámbito provincial, existen algunos indicadores que nos hacen pensar que la cuestión se presenta difícil. El recorte de los incrementos en el plus de los jubilados anunciados por el IPS, luego dejado sin efecto por el gobierno, la nueva jurisprudencia del Superior Tribunal (caso Lobato) que afecta a la baja la determinación del haber inicial jubilatorio (del promedio de los mejores cuatro años, ha cambiado por el de los últimos diez), son elementos nuevos que generan temor en la estabilidad financiera del sistema provincial.

Sin una debida información detallada, con un organismo intervenido que ignora la representación de activos y pasivos, resulta difícil conocer la ecuación económico-financiera del sistema. Sería bueno que los responsables políticos no subestimen la capacidad de entendimiento de la población y le entreguen una información fiable.

Cabe señalar que el sistema provincial jubilatorio está sustentado en el 82% móvil para las prestaciones previsionales (75% para los pensionados) y que la “Caja” no ha sido transferida a la Nación como en otros casos. 

Es por ello nuestra preocupación: la necesidad de seguir con un organismo provincializado y conocer el grado de viabilidad del sistema provincial a mediano plazo.

Cierto es que quienes se jubilan pasan a ser ciudadanos de segunda, porque pierden totalmente la facultad de intervenir en las decisiones gubernamentales acerca de su propio futuro. La política hace y deshace y sólo le dedica el discurso demagógico al hablar de “nuestros abuelos” (calificativo denigrante si los hay). Es obligación de las autoridades de todas las jurisdicciones informar sobre las políticas públicas. Eso esperamos, tanto en la nación como en la provincia.