Planes sociales truchos: la investigación contra el intendente Caram sigue firme

El foro judicial aclaró ayer que el caso en el que está procesado el actual intendente de Mercedes, Diego Martín Caram, se encuentra elevado a juicio desde el 14 de noviembre de 2022. Se explicó que el jefe comunal solo fue sobreseído en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero que se lo investiga por el otorgamiento irregular de planes sociales por un monto que supera los 5 millones de pesos.

El expediente fue apelado y actualmente está en la Cámara en lo Criminal (hoy Tribunal de Revisión) de esa localidad.

Por otra parte, en una causa anterior el 27 de marzo la doctora María Eugenia Ballará, jueza de Garantías sustituta, dictó el sobreseimiento del jefe comunal y Norma E. Senosiain por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por vencimiento de la prórroga dictada (art. 343 del CPP de la Ley N° 2945) de una falta de mérito decretada por la anterior jueza doctora Margarita López Rivadeneira. 

En la causa declararon 56 personas. La jueza Margarita López Rivadeneira confirmó en abril del año pasado el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”. 

Al respecto, Caram explicó a El Litoral que tanto él como los demás implicados apelarían la decisión, ya que sostenía que los documentos que lo señalan por los planes truchos serían falsos. El fiscal que investigó, aseguró que habría en juego $5 millones en peculado y que hay documentos digitales que avalan su veracidad. 

“Esta es una causa que Víctor Cemborain denunció en mayo del 2019 sobre la utilización de nombres de personas para cobro de planes. La plata se la quedaban el tesorero, el secretario de Hacienda, la jefa de personal y el intendente”, relató el fiscal de la causa Adrián Casarrubia.

En términos judiciales, peculado refiere a la apropiación del dinero público que pertenece al Estado por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos. 

“La metodología que utilizaban era con nombres de personas reales, de carne y hueso. En la investigación se acreditó que nunca cobraron un peso”, explicó el fiscal. Según resaltó, el peculado se habría desarrollado “desde el mes de mayo hasta septiembre del 2019. Hay cerca de 5 millones de pesos solo en eso”.