José Carlos Rivero tenía 4 años, vivía en Paraje Puerto Viejo (Lavalle, Corrientes), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente. Su familia le decía “Kily”. El 12 de mayo de 2012 murió, intoxicado por agrotóxicos. El juicio por su muerte debía comenzar el 18 de abril, pero el inicio de las audiencias fue pospuesto sin que se conozca aún la fecha de su reprogramación.
En la causa judicial figura que se encontraron restos de agrotóxicos organofosforados en la orina del niño, en plantas de tomate en el lote del imputado por el crimen y en huesos de uno de los cerdos muertos en la casa de los Rivero.
El acusado por la muerte del niño es Oscar Antonio Candussi, dueño de la empresa tomatera lindante con la casa donde vivía la familia de Kily. El productor agropecuario está procesado por homicidio culposo.
Según detalló el sitio de noticias Tierra Viva, el juez Jorge Antonio Carbone, presidente del Tribunal de Juicio de Goya (Corrientes), firmó el escrito judicial que oficializa la suspensión. “Visto que la nutrida agenda del tribunal no permite la fijación de debates en fecha próxima (…) y atento a que en la presente causa no existe persona detenida, por lo que prorrogar la fecha de audiencia, no ocasionaría gravamen relevante en el presente juicio: resuelvo suspender la audiencia señalada”, argumentó.
A más de una década de perder a su hijo, Eugenia Sánchez manifestó: “Me da mucha impotencia porque no hay ningún preso, pero sí un niño muerto y mucho dolor en la familia porque todavía no se puede tener justicia. Cuanto más se aleja el juicio, más se dilata nuestro dolor. No es fácil recordar nuevamente todo lo que pasó”. Otra de sus hijas, la hermana mayor de Kily, Antonella (16 años), falleció en 2021 de cáncer.
La enfermera del Hospital Garrahan, Meche Méndez, denuncia desde hace décadas los daños que ocasionan los agrotóxicos. Ella acompañó a la familia en el durísimo trance de la muerte del niño. También acompañó a Antonella durante su enfermedad.
Enterada de la suspensión del juicio, indignada, aseguró: “Esto es una muestra clara del desprecio que la ‘justicia’ emana una vez más por la vida de los niños expuestos a los tóxicos utilizados en la agricultura y cuyo negocio mueve millones, dañando además seriamente la salud y el ambiente”.
Y exhortó a visibilizar tanto el caso como el pedido de justicia: “Nos sobran experiencias para sospechar que si el tema no se visibiliza, si el juicio no se acompaña también de una condena social que exija justicia, existe serio riesgo de que el tribunal nuevamente imparta injusticia”.
“Hago un pedido hasta el nuevo llamado a juicio, a difundir, visibilizar, denunciar una vez más el caso de los niños de las tomateras de Lavalle, acompañando esta vez el reclamo de la familia de Kily para que los responsables de su muerte no queden impunes y para que nunca más haya niños que enfermen o mueran por la codicia y el desprecio de quienes se enriquecen a costa de sembrar enfermedad y muerte”, pidió Méndez.
Producción
La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) dictó en 2018 una resolución en la que recomendaba el control del uso de agrotóxicos y un camino imprescindible hacia la agroecología en esa región de Corrientes. Un año después, en noviembre de 2019, los funcionarios de la DPN viajaron a la provincia y recorrieron el pueblo de Lavalle y las tomateras.
Tras ese viaje, luego de documentar innumerables situaciones de riesgo concreto para la salud y el ambiente, elaboraron un informe en el que se lee que las autoridades municipales reconocieron que se continúan utilizando pesticidas prohibidos. Por ejemplo, el endosulfán, prohibido seis años antes.
