El exfiscal federal Benito Pont también tiene otra causa judicial en la que debe rendir cuentas. Se lo investiga por los delitos de encubrimiento, en la modalidad de favorecimiento personal por acción y omisión de denuncia agravado por su condición de funcionario público, y atentado a la autoridad. Esta pesquisa se inició por una denuncia realizada por Protex.
De acuerdo con lo que expresó un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con jurisdicción en Paso de los Libres, el exfiscal lo amedrentó para que abandonara una línea de investigación que estaba llevando adelante por lavado de dinero y contrabando. Específicamente, solicitó que excluyeran a un supuesto amigo suyo de la investigación sin otro motivo o justificación que esa amistad.
En abril de 2016, la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral presentó ante la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Pont, un oficio donde puntualizó sobre información que habían recabado sobre un grupo de personas que supuestamente “se habrían asociado a los fines de incorporar capitales procedentes de hechos delictivos al mercado lícito”.
A pesar de la amistad que supuestamente unía a Pont con uno de los involucrados, el entonces fiscal no se excusó y solicitó información para luego entorpecer y obstaculizar cualquier tipo de avance. Al hecho de no cumplir con lo pedido por la PSA se le sumó el presunto amedrentamiento sobre los funcionarios que estaban involucrados de manera directa en la persecución del delito. “Una suerte de mundo al revés, en donde un fiscal usa fuerzas de seguridad para no perseguir”, marcaron los fiscales. El Ministerio Público Fiscal explicó que los hechos investigados parecerían tener la única intención de “beneficiar y proteger a un imputado amigo” y que eso se observa en las distintas decisiones que adoptó Pont. En un primer momento, cuando tomó conocimiento de que uno de los involucrados era su amigo y exsocio comercial y decidió no excusarse. El segundo, cuando se negó a solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medidas centrales y evidentes para el éxito de cualquier investigación patrimonial.
(NG)
