Gustavo Horacio Torrent, exagente del Programa de Protección de Testigos que depende del Ministerio de Justicia, fue procesado la semana pasada por la jueza federal María Servini por el delito de abuso sexual simple, tres hechos que ocurrieron en 2015. También lo embargó por un millón y medio de pesos, aunque no le dictó la prisión preventiva. La víctima era, precisamente, una testigo del Programa, a quien debía proteger, parte de la megacausa contra el clan Ale de proxenetas de Tucumán, acusado de captar y esclavizar mujeres. Su cúpula fue condenada a duras penas en 2017 por el Tribunal Oral Federal de su provincia.
La víctima relató en la ampliación de su denuncia: “El día 8 de octubre de 2014 ingresé al Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación por el riesgo que implicaba para mi persona la declaración testimonial que debía prestar en el marco de dos causas, una de trata y otra de lavado de activos”.
Poco después, la mujer es trasladada a La Plata. Su operador designado fue Torrent, hoy de 60 años, oriundo de la zona oeste del Conurbano, empleado en el Programa desde 2009 según confirmó en la causa el propio Ministerio de Justicia.
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“Yo me vine de Tucumán a La Plata con mis dos hijos y otra chica que también había estado rescatada… La función de Torrent era administrativa. De él dependía para todo, porque el manejaba las cuestiones atinentes a lo económico, a la seguridad, a la salud, la educación de mis hijos, todo. Es decir, absolutamente toda mi vida pasaba por él, porque todo lo que yo hacía cotidianamente necesitaba ser previamente autorizado por el Programa y él era el representante del organismo al que yo tenía que acudir”.
