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Solicitan que autoridades nacionales intervengan en el conflicto con la Armada paraguaya

Buscan que Cancillería Argentina y el Congreso tome como un verdadero conflicto la violación de límites en costas argentinas por Prefectura Paraguaya. 

Por El Litoral

Jueves, 29 de junio de 2023 a las 11:36

En su octava sesión ordinaria la Cámara de Senadores presidida por Pedro Braillard Poccard, los legisladores provinciales solicitan a la Cancillería Argentina tome como un verdadero conflicto sistémico y permanente la violación de límites ocurrida en costas argentinas en la localidad correntina de  Ituzaingó por parte de la Armada paraguaya.

Por lo tanto, aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución presentado por Senadores del Bloque de la UCR por el que se ratifica la denuncia realizada por el Gobierno de la Provincia sobre la violación de la soberanía dando continuidad al reclamo del Gobernador Gustavo Valdés. 

Por lo que solicitan al Congreso de la Nación requiera remisión de todos los antecedentes, presentaciones, resoluciones de la Comisión, Decretos de la dictadura, previa citación al Gobierno de Corrientes, para que con una delegación especial exponga los aportes, datos técnicos y jurídicos, a fin de contar con fundados argumentos que permitan rechazar lo actuado por la Comisión de límites y la dictadura.

El senador Breard sostuvo que el incidente fue denunciado en conferencia de prensa por el Gobernador de la provincia, con videos que acreditan la existencia indubitable del hecho de violación de la soberanía, con el agravante institucional que evidencia un plan sistemático y no un hecho aislado.

Manifestó que lo que desnuda la gravedad diplomática y que no podrá ni el Parlamento, ni la Cancillería Argentina, ni el Gobierno Nacional en su conjunto, hacerse los distraídos ante lo ocurrido, más aún con el documento aclaratorio emitido por Prefectura Paraguaya, Comunicado 03/2023 del 26 de junio del corriente año, firmado por el Director de Comunicación Social Cp. C DEM Ariel Benítez Liseras. (adjunta), en el que el Gobierno paraguayo se atribuye en forma expresa la jurisdicción de las costas argentinas.

En sus fundamentos los legisladores plantean que cien años después las dictaduras Paraguaya-Argentina a cargo de los generales Stroessner- Bignone, en 1982 previa a la construcción de la represa hidroeléctrica, aprobaron la delimitación realizada por la Comisión de límites de la Entidad Binacional Yacyretá. 

Sostienen que las actuaciones de la Comisión de límites y la dictadura son Nulas de Nulidad Absoluta, en razón que es pretexto de una simple demarcación que pretende modificar sustancialmente el Tratado de limite original, lesionando la soberanía argentina. 

Lo planteado habilita al Senado de la Nación, solicitar la remisión de todos los antecedentes, presentaciones, resoluciones de la Comisión, Decretos de la dictadura, y previa citación al Gobierno de Corrientes, con una delegación especial que exponga los aportes, datos técnicos y jurídicos, pueda contar con fundados argumentos a efectos de rechazar lo actuado por la Comisión de límites y la dictadura, ratificando los límites establecidos en el Tratado de límites de 1876.
 
Además de lo manifestado, es necesario resaltar que la Isla Apipe tiene una población de aproximadamente dos mil habitantes argentinos, que viven enfrente de Ituzaingó. 
Son argentinos, ciudadanos correntinos que sufren el calvario del olvido y abandono, como muestra basta la Isla que se encuentran a 24 cuadras de la represa hidroeléctrica Yacyreta, que recién logró tener el primer cable de luz en su territorio, después de las gestiones del Bloque U.C.R. Cámara de Senadores Corrientes recorrida realizada por 24 diputados nacionales en el año 2004, que permite afirmar la política de frontera basada en el abandono y la discriminación a los correntinos de la Isla. 

Por otra parte, se aprobó el Proyecto de Resolución presentado por Senadores del Bloque de la UCR por el que se advierte a la Comisión Mixta del Rio Paraná (COMIP) Grupo Encarnación, se abstenga de realizar obras que involucren o afecten recursos naturales de la provincia de Corrientes, sin previo dictamen del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).

 

 

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