Si de algo servirá en el futuro este intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, será para conocer el grado de aversión del oficialismo a las actitudes disciplinadoras.
Pocos temas hacen más daño a la república como la payasesca parodia de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, reanudada frente al comienzo de la campaña electoral y cuyo primer objetivo es desprestigiar al Poder Judicial y humillar a sus miembros, y, en segundo término, intentar socavar el prestigio de quienes seguramente serán la instancia última en el juzgamiento de la vicepresidenta de la Nación, quien se autopercibe proscripta, sin que legalmente exista inhabilitación alguna que le impida postularse para un cargo electivo.
La vocación del kirchnerismo por someter a los jueces que no le resulten dóciles y que cumplan su función constitucional de ejercer el control de legalidad sobre los actos de los otros dos poderes del Estado ya viene de lejos. Comenzó a nivel provincial en Santa Cruz cuando no se cumplieron varias sentencias de la Corte que restituyeron en el cargo al ilegítimamente removido procurador de la provincia, y prosiguió luego a nivel nacional con la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, dirigida a dar preeminencia al estamento político sobre el de jueces y abogados que integran dicho cuerpo. Luego, con el mal llamado proyecto de ley de “democratización de la Justicia” dirigido a controlar el funcionamiento del referido Consejo por otros medios y, finalmente, con el dictado de la ley de subrogancias para poder designar jueces a dedo en forma transitoria para cubrir vacantes en los tribunales.
Dado que todas estas iniciativas fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales en distintas instancias, con la intervención final de la Corte, devino intolerable para el kirchnerismo la existencia de una Justicia independiente. Y no hay mejor manera de pretender “disciplinar” al Poder Judicial que atacando a su cabeza, representada por la Corte Suprema, cuyos miembros solo pueden ser removidos, como es sabido, por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
El máximo tribunal ha demostrado una seriedad, dignidad y eficacia que los miembros del oficialismo en los otros dos poderes no pueden exhibir.
Aprovechando su actual mayoría, que le permite ejercer el control de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, el oficialismo elige someter a la Corte a juicio político invocando, entre otras causas, la de mal desempeño, disfrazando lo que en realidad es una suerte de represalia por discrepar el oficialismo con los alcances de la sentencia de la Corte que falló en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la coparticipación de fondos federales. En cuanto a la causal de comisión de delitos, se intenta configurarla como la “posible” comisión, en interpretación tan absurda que ni los propios legisladores la creen viable.
El proceso abierto en la Comisión de Juicio Político ha estado plagado de irregularidades, que incluyeron la violación del derecho de defensa y la formulación de acusaciones vagas e imprecisas, sin fundamento jurídico alguno, que desnudan el afán persecutorio de los jueces de la Corte por parte del oficialismo.
La Corte Suprema ha demostrado ser seria, digna, independiente y eficaz, atributos que sus pares del oficialismo de los otros dos poderes no pueden esgrimir con seriedad frente al estado en que se encuentra la administración general del país. Someterse a las sentencias de un poder independiente y apolítico, es la forma en que los ciudadanos ejercen su libertad y la mejor señal de previsibilidad para alentar la llegada de las tan necesarias y esperadas inversiones del exterior.
Esta farsa desmerece a los legisladores genuflexos que lamentablemente la impulsan.
Los motivos nada tienen que ver con la legítima actuación de los jueces de nuestro supremo tribunal.
Todo esto solo es justificable en el vicio disciplinador del poder político de turno en esta etapa de la historia.
