El Presidente busca eliminar el déficit fiscal y la emisión monetaria, unificar los tipos de cambio y suprimir el cepo cambiario, lo que no solamente sería un logro económico, sino también político. Sabiendo que no tiene mayorías en el Congreso de la Nación para aprobar la llamada ley Bases y el DNU 70/2023, ha optado por un atajo tan riesgoso como inesperado. Su carta es ahora derrotar la inflación en el corto plazo y lograr así el apoyo social indispensable para forzar los cambios estructurales desde una posición de mayor poder por fuera de los acuerdos parlamentarios.
Ante el riesgo de que la hiperinflación heredada de Sergio Massa se espiralizase, el equipo económico utilizó las herramientas de emergencia que tuvo más a mano y de efecto inmediato, como la licuación de ingresos (haberes jubilatorios, salarios del sector público) y la suspensión de pagos (transferencias a provincias, a empresas estatales, obras públicas) más que los complejos aumentos tarifarios que provocan reacciones impredecibles o las privaciones a “la casta” de efectos tardíos.
A pesar de la profunda recesión y los reclamos de la clase pasiva, ambos inevitables, es la carta que ahora juega Milei, en la expectativa de que la caída de la inflación llegue a tiempo para convertir las quejas en aplausos. No ignora que un equilibrio fiscal alcanzado sobre bases tan débiles no será sostenible si otros factores no llegan en su auxilio, como la cosecha gruesa, el ingreso de capitales y la mayor recaudación por mejora de la actividad económica. Pero si tuviera éxito, el público volvería a guardar sus pesos, colocándolos a plazo fijo para aprovechar las tasas de interés ante un dólar en baja y la expansión del crédito impulsaría el crecimiento de la economía. A su vez, salarios y jubilaciones recuperarían poder de compra, cambiando el humor colectivo al abrirse un horizonte de estabilidad.
Para quien no tiene la responsabilidad de gobernar, es razonable reclamar que el Gobierno haga algo para morigerar la recesión, cuidar de los jubilados, docentes y personal de salud, como forma solidaria de transitar el ajuste. Sin embargo, como la seguridad social absorbe casi el 70% del gasto público, es difícil concebir una estabilización que no la afecte. Las irresponsables moratorias casi duplicaron la cantidad de beneficiarios en un sistema donde solo aportan 8 millones de trabajadores para sostener a 6 millones de pasivos. La solución de fondo, además de la reactivación económica, requerirá de una reforma laboral que aliente el empleo regular y no la expulsión a la informalidad, como ha sido la herencia del kirchnerismo.
Para el equipo económico la derrota de la inflación no solo requiere dejar de emitir, sino también ganar confianza. La del público, para aumentar la demanda de dinero y reducir su velocidad de circulación y la de industriales y comerciantes, para que se atrevan a bajar sus precios sin temor a perder su capital de trabajo. Generar esa confianza es muy difícil, pues en nuestra historia reciente siempre se ha borrado con el codo lo escrito con la mano. Nunca se logró estabilidad en forma duradera, pues nunca se atacó la estructura de intereses que se resiste al cambio, dentro y fuera del Estado.
La Argentina es un país donde la seguridad jurídica ha sido siempre sacrificada en al altar del gasto público. Su sistemático desapego a las reglas ha frustrado el proyecto colectivo y alienado a sus ciudadanos. Como lo definió el recordado académico Carlos Nino, se ha convertido en “un país al margen de la ley” donde la anomia de gobernantes y gobernados habilitó el “sálvese quien pueda” como forma habitual de interacción social. Las distintas crisis de los últimos 60 años y los parches utilizados para sortearlas, sin cambios de fondo, demuestran las dificultades que hubo para solucionarlas. El cambio en serio es necesario, sobre todo, para recomponer la paz mental de los argentinos, superando angustias cotidianas para ordenar el presente y pensar el futuro.
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